CIDH lleva a la CorteIDH el caso del juez que criticó la Justicia de Pinochet
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó hoy ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) el caso del juez chileno Daniel Urrutia Laubreaux, que fue sancionado tras criticar el rol del poder judicial de su país durante el régimen de Augusto Pinochet.
La CIDH, organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), explicó en un comunicado que este caso se relaciona con una serie de violaciones a los derechos humanos en el marco del proceso disciplinario que culminó con una sanción de censura al magistrado Urrutia.
En su informe, la CIDH concluyó que Chile violó las garantías judiciales, el principio de legalidad, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la protección judicial de Urrutia.
Asimismo, la comisión determinó que Chile vulneró los derechos del magistrado a conocer “previa y detalladamente” la acusación formulada y de tener el tiempo y los medios adecuados para la defensa, porque la víctima nunca fue notificada de que se le había iniciado un proceso disciplinario.
El juez Urrutia criticó el rol del poder judicial de Chile durante el régimen de Pinochet en su tesis de postgrado y luego entregó el análisis a la Corte Suprema chilena.
En ese trabajo académico, el juez relató cómo jueces durante el régimen militar evitaron inmiscuirse en temas que incluían personas detenidas, ejecutadas y detenidas por agentes del Estado chileno.
Esa denuncia no fue bien recibida por las altas esferas de su país y Urrutia fue sancionado en 2005.
Tras esta situación, la CIDH recomendó a Chile adoptar medidas administrativas o de cualquier otra índole para dejar sin efecto, en todos sus extremos, la sanción impuesta a Urrutia, incluyendo la eliminación de antecedentes en su hoja de vida.
El organismo con sede en Washington también apuntó que el país sudamericano debe “reparar integralmente” las consecuencias de las violaciones declaradas en su informe, incluyendo tanto el daño material como el daño inmaterial, y disponer medidas para que no vuelva a ocurrir en el futuro.
“Este caso presenta a la Corte Interamericana una oportunidad para poder desarrollar y consolidar su jurisprudencia respecto del derecho a la libertad de expresión de jueces en supuestos particulares en los que se hacen críticas al poder judicial con contenido de interés público”, agregó la comisión.
