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Condenan expulsión de sindicalista de policías en Puerto Rico por publicar disgusto laboral

El director ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en Puerto Rico, William Ramírez, muestra algunos de los aretefactos lanzados por los agentes de policía contra la multitud en la protesta del Primero de Mayo, el jueves 3 de mayo de 2018, durante una conferencia de prensa en San Juan, Puerto Rico. EFE/Archivo

El director ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en Puerto Rico, William Ramírez, muestra algunos de los aretefactos lanzados por los agentes de policía contra la multitud en la protesta del Primero de Mayo, el jueves 3 de mayo de 2018, durante una conferencia de prensa en San Juan, Puerto Rico. EFE/Archivo

EFE

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en Puerto Rico condenó hoy la expulsión por la Policía del presidente del Sindicato Puertorriqueño de Policías, Ismael Rivera, por expresar públicamente su descontento por las condiciones de trabajo de los oficiales y pérdida de sus pensiones.

“La ACLU enérgicamente condena cualquier acto de represalia contra un empleado del gobierno por haberse expresado públicamente y a través de los medios noticiosos sobre asuntos de interés público que afectan gran número de los trabajadores de Puerto Rico”, expresó el organismo civil en un comunicado de prensa.

La ACLU enfatizó que “el derecho a la libre expresión cobija a todas las personas, y, aún cuando no sea un derecho absoluto, ser miembro de la policía de Puerto Rico no es la excepción”.

La Policía expulsó a Rivera este miércoles, dos días después de que éste, junto a otros representantes de organizaciones de policías locales y fiscales de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia federal se reunieran con los directivos de la ACLU para escuchar las quejas de los policías de “a pie”.

Previamente, Rivera participó de una entrevista radial, en la que dijo que los policías son reprimidos por presuntamente hacer públicas sus quejas sobre condiciones de trabajo y pérdida de sus pensiones.

Ante ello, la ACLU, entendiendo que todos los trabajadores merecen condiciones dignas de empleo, sean maestros o policías, urge al Gobierno de Puerto Rico a que actúe sobre este asunto, comenzando con garantizar los derechos fundamentales de todas las personas.

El ente civil detalló que el 17 de julio de 2013, el Gobierno de Puerto Rico firmó un acuerdo con la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de EE.UU. para ponerle fin a una demanda contra la Policía local por incurrir en un patrón y práctica de violentar los derechos fundamentales garantizados a todas las personas.

La ACLU abundó que la Policía de Puerto Rico entraría en 11 facetas de reforma profunda y sostenible, lo que construiría a la fuerza de seguridad en uno de los cuerpos policiales mejor preparados, educados y equipados, y de esa forma, entraría a ser un cuerpo policial moderno y con una visión comunitaria constitucional.

“Sin embargo, cada día que pasa vemos a una Policía de Puerto Rico que sigue perdiendo los pocos adelantos atribuibles a la reforma. Cada día vemos menos policías, y éstos en estado de manos caídas ante el maltrato laboral del cual alegan son víctimas”, indicó la ACLU.

“Callar sobre los derechos que reclaman estos trabajadores nunca será una opción”, puntualizó el organismo.


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