Gobierno de P.Rico dice que actúa de acuerdo a ley, en respuesta a la Junta
El representante del gobernador ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Christian Sobrino, dijo hoy que el Ejecutivo de la isla caribeña actúa conforme a la ley, en respuesta a una carta de la entidad de control que informaba de la anulación de resoluciones aprobadas por el Legislativo local.
JSF, entidad federal de control al Gobierno de Puerto Rico impuesta por el Congreso de EEUU, envió una carta al gobernador de la isla, Ricardo Rosselló, en la que le informaba de la anulación de 24 resoluciones aprobadas por el Legislativo que asignaron 30 millones de dólares por no estar contempladas en el presupuesto del Gobierno central.
La directora de la JSF, Natalie Jaresko, comunicó a Rosselló la decisión, que justifica por no estar incluidas esas resoluciones en los presupuestos del Gobierno central de los años 2018 y 2019, y por no haber sido aprobadas por la entidad de control federal.
“En el día de hoy, la JSF publicó repentinamente y sin previa consulta una comunicación donde indica desautorizar una serie de resoluciones conjuntas aprobadas por la Asamblea Legislativa y firmadas por el gobernador de Puerto Rico”, señaló Sobrino en un comunicado.
“Dichas resoluciones fueron aprobadas según provee el derecho aplicable y fueron presentadas a la JSF, según esta había solicitado. La mayoría de estas resoluciones proveen fondos para obras y mejoras capitales de los Municipios. Igualmente, las resoluciones fueron presentadas junto a una certificación de cumplimiento con el presupuesto y el plan fiscal según requiere la ley Promesa”, según Sobrino.
El funcionario indicó que la carta de la JSF no provee explicación o razón alguna por la cual dichas resoluciones incumplen con el plan fiscal, el presupuesto del Fondo General o algún estatuto local.
“La carta tampoco provee explicación o razón alguna por la cual la JSF entiende que las certificaciones de cumplimiento están incorrectas. Una cita a los poderes generales de la JSF no demuestra como el ejercicio de tales facultades son apropiadas en este caso”, sostuvo Sobrino.
“En particular, señalamos como inapropiado el procurar invalidar acciones autorizadas por ley y para las cuales la JSF nunca ha solicitado acción alguna ni ha expresado oposición cuando acciones similares fueron ejecutadas en años fiscales anteriores. Desconocemos por qué la JSF ha determinado ignorar sus propios precedentes”, matizó.
“Estaremos nuevamente revisando cada resolución conjunta y preparando una comunicación formal en cuanto a la posición del Gobierno. El Gobierno de Puerto Rico actuará de forma correcta y acorde a los requisitos de la ley aplicable”, concluyó el representante del gobernador ante la JSF.
