Gobernador P.Rico denuncia trato desigual respecto resto de EEUU por estatus
El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, denunció hoy trato desigual por parte de las autoridades federales respecto a otra partes de Estados Unidos en la ayuda prestada a la isla tras la devastación provocada por los huracanes de septiembre de 2017, a causa de su estatus político.
Rosselló intervino ante el Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado de Estados Unidos, lo que aprovechó para denunciar lo que entiende como una falta de equidad en la ayuda prestada, lo que atribuyó al estatus político de Puerto Rico, un Estado Libre Asociado a EEUU, lo que le otorga cierto grado de autonomía gracias a contar con Constitución propia.
Rosselló fue uno de cuatro gobernadores que declaró en una audiencia del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado que quería conocer con más detalle la situación de los territorios de Estados Unidos.
“Necesitamos un tratamiento equitativo”, señaló Rosselló durante su breve intervención, de minutos, en la que insistió en la idea de que el estatus político de la isla, que no le otorga representantes con voto en el Congreso de EEUU, es la causa de los males del territorio caribeño.
Rosselló sostuvo que ese estatus de Estado Libre Asociado es “injusto” y que para que Puerto Rico alcance su pleno desarrollo es necesario que la situación cambie.
Dijo que esos problemas son la causa de la inmigración, en aumento durante los últimos años y que se incrementó de forma abrupta tras los huracanes de septiembre de 2017 que devastaron el territorio caribeño.
El funcionario sostuvo además que el estatus político de la isla sin duda influyó en que, en su opinión, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (Fema) federal proveyera una ayuda a la isla por debajo de la prestada a otras parte de Puerto Rico que sufrieron daños parecidos.
“Ese tratamiento no equitativo pudo verse por vez primera para todos los estadounidenses con motivo de los huracanes”, indicó el gobernador.
Rosselló también se refirió a las diferencias que el Ejecutivo mantiene con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), entidad federal que establece la ley Promesa, norma aprobada por el Congreso en Washington para abordar el tema de la multimillonaria deuda pública de Puerto Rico.
Recordó los acuerdos alcanzados por el Gobierno y la JSF que permitieron la reestructuración de la deuda de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) y del Banco Gubernamental de Fomento.
El jefe del Ejecutivo dijo además que el proceso de transformación del sistema eléctrico de la isla está en marcha, lo que supondrá la privatización de la transmisión y distribución de la red que controla la estatal Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
De vuelta sobre el trato desigual que asegura sufre el Estado Libre Asociado respecto a EEUU continental, hizo referencia a los programas de salud pública de Medicaid y Medicare, que pidió se apliquen en la isla de la misma forma que en el resto del país norteamericano.
Rosselló alertó de que en 2020 Puerto Rico se quedará sin los fondos de Medicaid necesarios para financiar su sistema de salud y dar servicio a cerca de 1,3 millones de beneficiarios.
“Necesitamos una solución al tema del estatus político de Puerto Rico”, concluyó Rosselló en su breve intervención ante el Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado de Estados Unidos, que llevó a cabo la iniciativa para tener una idea más detallada de la situación por la que atraviesan los territorios de Estados Unidos, incluido Puerto Rico.
En relación a la decisión del Primer Circuito de Apelaciones de Boston que declaró inconstitucional el proceso de nombramiento de los siete miembros de la JSF, Rosselló no adelantó cuáles serán los pasos a seguir.
