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Junta Supervisión Fiscal P.Rico satisfecha decisión sobre demanda legislativo

Los hechos se remontan a julio de 2018 cuando el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez, demandaron a la JSF por considerar que dicho organismo se pasó en los poderes que se le concedieron por parte de PROMESA. EFE/Archivo

Los hechos se remontan a julio de 2018 cuando el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez, demandaron a la JSF por considerar que dicho organismo se pasó en los poderes que se le concedieron por parte de PROMESA. EFE/Archivo

EFE

La Junta de Supervisión Fiscal para Puerto Rico, “dio la bienvenida” a la decisión del Tribunal de Apelaciones para el primer circuito de Estados Unidos (el pasado viernes 22 de febrero), que desestimó una demanda de la Legislatura de Puerto Rico y que establece que no sobrepasó sus poderes.

El cuerpo legislativo reclamaba que la Junta de Supervisión excedió sus poderes en el desarrollo y certificación del Plan Fiscal y el Presupuesto del Gobierno de Puerto Rico para el año fiscal 2019.

La Ley PROMESA “concede a la Junta de Supervisión la autoridad exclusiva de certificar planes fiscales y presupuestos territoriales para Puerto Rico”, según la decisión del Primer Circuito, recuerda hoy en un comunicado la JSF.

“Cuando la Junta de Supervisión certificó el Plan Fiscal y el Presupuesto para el 2019, ejerció la autoridad que le concede PROMESA”, agregó.

La directora ejecutiva de la Junta de Supervisión, Natalie Jaresko, dijo en el comunicado que la Junta “continúa operando bajo su mandato legal y dentro de su autoridad fiscal, a pesar de las acusaciones incorrectas con respecto a los supuestos excesos de poderes”.

“Estamos determinados a ejercer nuestra parte para ayudar a que Puerto Rico se recupere de su crisis fiscal y que pueda establecer las bases para un desarrollo económico sostenible que mejore la calidad de todos los puertorriqueños”, dijo Jaresko.

“Esperamos que la decisión del Tribunal ponga final a litigaciones innecesarias y motive a todas las ramas del gobierno a enfocarse en los objetivos de PROMESA, en cuanto a responsabilidad fiscal y acceso a los mercados de capital”, subrayó.

El primer circuito, indicó en el comunicado, estableció que “PROMESA autoriza a la Junta a adoptar planes y presupuestos fiscales, que incentiven a la Asamblea Legislativa a promulgar las políticas y contabilidad recomendadas por la Junta y dar cuenta de las respuestas de la Asamblea Legislativa a esas políticas recomendadas”.

“Ciertamente, es difícil ver cómo, sin tales poderes, la Junta podría ser efectiva”, declaró el tribunal.

La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico fue creada por el Congreso bajo la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, su sigla en inglés)

Los hechos se remontan a julio de 2018 cuando el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez, demandaron a la JSF por considerar que dicho organismo se pasó en los poderes que se le concedieron por parte de PROMESA.

Además consideran que se hizo con parte del poder de la Asamblea Legislativa al establecer su presupuesto y hacer recortes.

En su momento, además pidieron al tribunal estadounidense un interdicto para que no se implementara el presupuesto de la Junta y sí el que la Legislatura aprobó.

La sentencia, a la que hoy dio la bienvenida la JSF, señala a su vez que PROMESA “autoriza a la JSF a adoptar planes fiscales y el presupuesto que incentiven a la Asamblea Legislativa a promulgar las políticas públicas recomendadas por la JSF y que tengan en cuenta las respuestas de la Asamblea Legislativa a esas políticas públicas recomendadas”.

Además, recuerda que “cuando la Junta certificó el Plan y Presupuesto Fiscal 2019, entonces, ejerció la autoridad otorgada bajo Promesa”, les dijo el Tribunal Apelativo.

PROMESA, indica por último, en sus argumentos, el tribunal, “da cuenta del poder de la Asamblea Legislativa según la Constitución: según la disposición preferente de PROMESA, las concesiones de autoridad a la Junta (...) para aprobar los Planes y Presupuestos Fiscales ‘prevalecen sobre cualquier disposición general o específica del derecho territorial’, incluidas disposiciones de la Constitución de Puerto Rico que sean ‘inconsistentes con (Promesa)”.


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