Desplazados por la violencia se plantan ante el Palacio Nacional de México
Ni el sol abrasador ni la gélida noche impiden que cerca de 300 personas desplazadas de sus hogares por la violencia en el sureño estado mexicano de Guerrero se hayan plantado durante días ante el Palacio Nacional, sede del Ejecutivo mexicano, para exigir soluciones.
Los desplazados llegaron hasta el centro de Ciudad de México el pasado domingo en tres autobuses, cinco camionetas y dos autos, y no pretenden levantar su concentración hasta que el presidente el país, Andrés Manuel López Obrador, les conceda una reunión.
El improvisado campamento en la céntrica plaza del Zócalo cuenta con decenas de tiendas de campaña cubiertas con lonas para mitigar el sol y varias pancartas que explican cómo grupos armados de Guerrero irrumpieron en algunos municipios y se apropiaron de sus hogares.
Roberto Medina, sentado en su nuevo hogar improvisado a la intemperie, es uno de los afectados. Cuenta a Efe que en noviembre del año pasado, un grupo de 3.000 violentos se hizo con el control de la población de Filo de Caballos entre amenazas de muerte contra sus habitantes.
“Se dicen llamar policías comunitarios pero son puros sicarios”, explica este vendedor de fruta a quien robaron su camioneta y sufrió de “golpes y tortura”.
Cuenta que los individuos armados saquearon y quemaron casas como la de sus difuntos padres y, por ello, muchos habitantes tuvieron que huir a través de las montañas hasta un campamento de desplazados en el que han permanecido tres meses sin respuestas favorables de las autoridades del estado.
“La esperanza que tenemos nosotros es por López Obrador; pensamos que va a resolver nuestros problemas”, confiesa Medina, y añade: “A lo mejor no somos importantes para el Gobierno, Somos campesinos, pero también tenemos derechos”.
Lo que pide este desplazado y sus compañeros es que el Gobierno federal garantice que puedan regresar a sus hogares, desalojen a los sicarios y garanticen la libertad de tránsito entre las comunidades de la Sierra de Leonardo Bravo, en el centro de Guerrero.
Las comunidades afectadas por desplazamientos forzados en los últimos meses son Filo de Caballos, Los Morros, Carrizal, La Escalera, Ranchito, Puentecillas, Corralitos y Campo de Aviación.
Se calcula que hay unas 1.800 personas afectadas, entre las que se encuentran unos 300 menores de edad que llevan meses sin poder ir a la escuela.
“En Guerrero hay una lucha muy fuerte de los grupos de delincuencia por el control del territorio”, explica a Efe Manuel Olivares, director del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, que acompaña a los desplazados.
Estos grupos criminales pelean por el control de las rutas de drogas y cada vez más por el control de las minas, donde extorsionan a las empresas y a sus trabajadores. “Las zonas donde hay más desplazamientos es donde hay concesiones mineras”, relata Olivares.
Estos grupos amenazan de muerte a familias enteras para conseguir el control del territorio y ahora mismo “están viviendo en todas las casas que tuvieron que dejar” los desplazados que huyeron de la violencia.
La situación por la que pasa este campamento delante del Palacio Nacional es dura por las condiciones climáticas y por la escasez de agua y comida.
Para pasar las horas, los cerca de 80 niños juegan y corretean, aunque cada vez se encuentran peor.
“Los niños están sufriendo mucho, no están acostumbrados al calor, se enfadan mucho, les pican los mosquitos y empiezan a tener gripa por el frío (en las noches)”, cuenta a Efe Gloria Barragán, quien ha venido con su madre, hermano, cuñada y sobrina de seis años.
En una cocina improvisada cubierta con una lona tratan de preparar comida con las provisiones de fruta y de pollo que reciben de voluntarios. “Nos están trayendo la comida, cosas para preparar y vamos preparando lo que hay”, cuenta esta mujer de Los Morros.
Pero en su cuarto día de plantón ante el Palacio sin conseguir una reunión con el presidente, la moral va minando poco a poco.
Olivares reconoce que tenían la “confianza de que no íbamos a tardar más de tres días” y lamenta que lo único que el Gobierno federal les ha garantizado hasta ahora es que pueden mantener su campamento. “Esto no nos basta”, concluye.
