Supremo limita las multas e incautaciones de las autoridades
El Tribunal Supremo dictaminó hoy que la Constitución del país ampara a las personas contra las multas e incautaciones de propiedad excesivas decididas por los gobiernos estatales y locales.
Así lo anunció la jueza del Supremo Ruth Bader Ginsburg, en el que fue su segundo día en la Corte después de someterse a una operación quirúrgica por un cáncer el pasado mes de diciembre.
El origen del fallo fue una demanda interpuesta por un ciudadano de Indiana, Tyson Timbs, a quien las autoridades le habían incautado un Land Rover valorado en 42.000 dólares después de ser detenido acusado de vender una cantidad de heroína valorada en 200 dólares.
Según Ginsburg, la cláusula contra las multas excesivas de la Octava Enmienda de la Constitución del país tiene como objetivo proteger a los ciudadanos de posibles represalias del gobierno.
“Por una buena razón, la protección contra las multas excesivas ha sido un escudo constante, a lo largo de la historia angloamericana, contra las sanciones exorbitantes que socavan otras libertades constitucionales”, escribió Ginsburg en la decisión.
Las multas excesivas, afirmó, se pueden utilizar para tomar represalias o para calmar el discurso de los enemigos políticos.
“Incluso en ausencia de un motivo político, las multas pueden emplearse como una medida que no esté de acuerdo con los objetivos penales de retribución y disuasión por delitos”, consideró la jueza.
El demandante recibido el respaldo de organizaciones defensoras de las libertades civiles deseosas de limitar las confiscaciones, por considerar que es una práctica que permite a las autoridades locales y a las fuerzas del orden confiscar arbitrariamente los bienes de sospechosos de tener el crimen como fuente de ingresos.
Así, se daban casos de personas que tenían que demostrar su inocencia para poder recuperar bienes incautados previamente por las autoridades locales y estatales con escasa supervisión judicial.
El también juez de la Corte Suprema Clarence Thomas consideró recientemente en un comentario sobre otro fallo que las confiscaciones civiles se habían “generalizado”, llegando a ser “abusivas” y “altamente rentables” para las autoridades locales.
