Cámara P.Rico vigilará las reasignaciones de fondos que proponga el Ejecutivo
El presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Carlos Méndez, adelantó hoy que dicho cuerpo legislativo estará “pendiente de cualquier movimiento que realice el Ejecutivo en torno a posibles reasignaciones de partidas dentro de los parámetros del actual presupuesto aprobado, el cual expira el 30 de junio”.
“No cabe duda de que la reciente decisión del Tribunal Apelativo en Boston deja abierta la puerta para revisar ciertos aspectos relacionados con las determinaciones de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). Entendemos, por expresiones recientes que hiciera el Gobernador, que el Ejecutivo estará evaluando posibles relocalización de recursos dentro del presupuesto vigente”, dijo en un comunicado.
“Esta Cámara de Representante estará bien pendiente a esas recomendaciones de reasignación de fondos, ejerciendo su prerrogativa de desarrollar, cambiar, aprobar y velar por las distribuciones del presupuesto del gobierno de Puerto Rico”, comentó el líder legislativo.
Las expresiones del Presidente de la Cámara surgen luego de que este lunes, el Gobernador reiterara su intención de comenzar inmediatamente un proceso de evaluación de partidas dentro del presupuesto para, ante la decisión de Boston, redirigir algunas de estas a ciertas áreas.
“Estamos en total acuerdo con el Gobernador que ciertas áreas tienen que ser reforzadas, como, por ejemplo, el negociado de la Policía de Puerto Rico, particularmente dirigir recursos para mejorar el ambiente de trabajo de nuestros policías. También se debe que mirar otros renglones que impacten directamente el servicio que la ciudadanía recibe. Pero eso se tiene que hacer dentro de un marco y esta Cámara de Representantes pasara revisión de cada propuesta”, añadió Méndez.
El presidente cameral adelantó que se comunicará con el gobernador para establecer un grupo de trabajo técnico entre el Ejecutivo y la Cámara con el propósito de estudiar la posibilidad de reasignar partidas presupuestarias.
Por otra parte, el Presidente de la Cámara le dijo “no” a cualquier junte propuesto por miembros del Partido Popular Democrático (PPD) para cabildear en la capital federal con el fin de sustituir la JSF con otro ente, como la figura de un sindico.
“La decisión de Boston coloca a la luz pública, nuevamente, la falta de poder político de Puerto Rico. Reitera que somos una colonia, dejando ver, otra vez, el grado de injusticia con la cual el gobierno federal trata a los ciudadanos americanos que vivimos en Puerto Rico. Nos coloca en otro limbo. Puerto Rico no puede progresar así. El único sustituto de eso es la igualdad, la estadidad. Menos que eso no vamos a pedir, así que, si el partido popular quiere sacarnos de la crisis, que se una a nosotros en el pedido de admisión”, señaló Méndez.
“La culpa de este limbo, de que este aquí la Junta con poderes casi absolutos, porque la decisión de Boston reiteró eso, la tiene el PPD que insiste en tenernos como plato de segunda mesa con el único propósito de poder gobernar su ‘finquita’. Mientras seamos una colonia, otros tomaran decisión por nosotros. Lo único que garantiza otro resultado es la estadidad”.
De acuerdo al Presidente, el fallo del Tribunal Apelativo, en esencia, deja en manos del presidente de EE.UU., Donald Trump, las finanzas de Puerto Rico.
Para culminar, Méndez Núñez dijo que la Cámara de Representantes va a redoblar esfuerzos en el Congreso para lograr que las personas confirmadas por el Senado para la Junta, si esta decisión no se revoca, tengan un plan pragmático y sensato para Puerto Rico que cumpla con tres objetivos.
Los tres objetivos serían solucionar “de una buena vez la incertidumbre política impulsando una consulta avalada por el Congreso estadidad sí o no, como la misma Ley PROMESA establece, sacarnos de la peor crisis fiscal en la historia de la nación, culpa del PPD mediante la reestructuración de la deuda e implementar las recomendaciones del ‘Task Force’ bipartita para el desarrollo de Puerto Rico”, agregó.
El primer circuito de apelaciones de Boston (EE.UU.) determinó la semana pasada que los nombramientos de los componentes de dicho organismo no fue realizado de acuerdo al ordenamiento establecido, por lo que fue inconstitucional.
Aunque, advierte, que revocar lo determinado en estos poco más de dos años y medios podría afectar al proceso de reestructuración de la deuda de Puerto Rico.
Además concede un período de 90 días al Senado de Estados Unidos para que valide los nombramientos de los miembros de la JSF.
Por otro lado, el tribunal mantiene la validez de la Ley Promesa.
La decisión judicial de hoy llega por una demanda interpuesta por la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) de la isla, así como el fondo de inversiones Aurelius y la aseguradora municipal Assured Guaranty.
La JSF la preside José Carrión y está integrada por Arthur J. González, Ana J. Matosantos, Carlos M. García, José R. González, David A. Skeel y Andrew Biggs.
En representación del gobierno puertorriqueño está Christian Sobrino.
