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El Gobierno se muestra preocupado ante posible amnistía en Guatemala

El presidente estadounidense, Donald J. Trump. EFE/Archivo

El presidente estadounidense, Donald J. Trump. EFE/Archivo

EFE

El Gobierno de Donald Trump expresó hoy su profunda preocupación por la posible reforma de la Ley de Reconciliación Nacional de Guatemala, que de ser aprobada por el Congreso brindaría amnistías en casos de violaciones de los derechos humanos durante el conflicto armado interno (1960-1996).

“Estados Unidos está profundamente preocupado por la propuesta de enmienda a la Ley de Reconciliación en Guatemala. Esta enmienda concedería una amplia amnistía a quienes perpetraron violaciones de los derechos humanos y abusos, así como a criminales ya convictos”, señaló el Departamento de Estado en un comunicado.

La nota agrega que los juicios relacionados con este tipo de crímenes cometidos durante el conflicto que sacudió al país centroamericano durante décadas “restauraron la dignidad de los familiares de las víctimas e inspiraron un aumento de la confianza en las instituciones del Estado”.

Washington considera, además, que estos procesos judiciales fueron un “ejemplo positivo” para otras naciones interesadas en encontrar un camino hacia la reconciliación tras un conflicto interno.

“Estados Unidos continúa comprometido en su apoyo a las instituciones y al pueblo guatemaltecos en su actual lucha contra la corrupción y la impunidad”, concluye el comunicado.

La iniciativa 5377, que había sido descartada por la Comisión de Derechos Humanos y que fue rescatada por la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso, fue presentada por Fernando Linares Beltranena, del Partido de Avanzada Nacional, en noviembre de 2017 y aprobada en su primera lectura el pasado 17 de enero.

Linares Beltranena es, además de diputado, abogado de uno de los militares más prominentes del Ejército guatemalteco, el general Luis Francisco Ortega Menaldo, exjefe del extinto Estado Mayor Presidencial (1991-1993).

La aprobación de esta enmienda pondría en jaque los 16 casos de violaciones a derechos humanos que el Ministerio Público (Fiscalía) ha llevado a tribunales, incluido el genocidio, desapariciones forzadas y violaciones sexuales, de los cuales 13 han alcanzado condenas, con 42 militares y un insurgente sentenciados.


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