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Proponen a Gobierno EEUU estudiar el ubicar turbinas eólicas en aguas P.Rico

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EFE

La representante de Puerto Rico ante el Congreso en Washington, Jenniffer González, radicó un proyecto para que el Departamento del Interior federal estudie la viabilidad de ubique turbinas eólicas en las aguas de la jurisdicción exclusiva de Estados Unidos aledañas a la isla y sus territorios.

Según explicó González en un comunicado de prensa el Proyecto 1014 - Offshore Wind for Territories Act - se presentó para establecer fuentes de energía renovable para mejorar la infraestructura energética en Puerto Rico y así reducir el impacto ambiental y aumentar la eficiencia.

De acuerdo con González, solo el 2% de la electricidad en Puerto Rico proviene de recursos renovables.

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De igual manera, González explicó que el Outer Continental Shelf Lands Act (OCSLA), según enmendado, autoriza el desarrollo de recursos de energía renovable en las aguas y fondo marítimo de la zona exterior de la plataforma continental de los Estados Unidos.

Esta zona cae exclusivamente bajo la jurisdicción del Gobierno federal, el cual ha autorizado el establecimiento de parques eólicos costa afuera de estados, como Massachusetts y Rhode Island.

Sin embargo, según González, la ley actualmente no incluye a los territorios, impidiendo así que estos se beneficien del posible desarrollo de fuentes de energía alterna en aguas federales adyacentes a su jurisdicción.

Por ello, es que el Proyecto 1014 busca corregir esta omisión al incluir a los territorios bajo el Outer Continental Shelf Lands Act.

Además, dispone que, una vez se determine si los recursos eólicos son viables, el Departamento del Interior comenzaría un proceso para subastar los derechos de arrendamiento, donde el 37,5% de los ingresos se destinarán al territorio para usos de mitigación ambiental y el 12,5% se reservará para la protección de los arrecifes de coral.

González dijo además que este mismo proyecto cameral fue presentado al Congreso pasado por la exdelegada de Guam, Madeleine Bordallo, y contó con apoyo unánime tanto en el Comité de Recursos Naturales, así como en el pleno de la Cámara de Representantes federal.

La propia González fue coauspiciadora original de la legislación y abogó por su aprobación.

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