IAG dice que es una empresa española y cumplirá la normativa tras el “brexit”
El grupo de aviación hispano-británico IAG dijo este jueves que “es una compañía española” y aseguró que cumplirá con la normativa para operar en el Reino Unido y en la Unión Europea (UE) tras la salida de este país del bloque.
International Airlines Group (IAG), matriz de las españolas Iberia y Vueling, la británica British Airways y la irlandesa Aer Lingus, respondió así a informaciones en la prensa de que trata de reajustar su accionariado para aumentar el peso de los accionistas comunitarios, requisito de la UE para otorgar licencias de vuelo.
“Tenemos la convicción de que cumpliremos con la normativa aplicable sobre propiedad y control, tanto en el Reino Unido como en la Unión Europea, después del ‘brexit”, dijo a Efe una portavoz, que declinó “desglosar” el accionariado del grupo.
“IAG es una compañía española, pues su sede social está en Madrid, y las aerolíneas del grupo tienen certificados de operación establecidos desde el inicio de sus operaciones y apoyados por sólidos negocios en España, Irlanda, Francia, Austria y el Reino Unido”, afirmó la fuente.
“En conjunto, nuestras compañías brindan empleo a decenas de miles de ciudadanos europeos y operan una flota de 546 aviones”, añadió.
El secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del ministerio de Fomento español, Pedro Saura, declaró ayer que esta cartera entiende que Iberia “es una compañía europea” y “cumple las condiciones de control y accionarial”, por lo que “no va a tener problemas” en caso de un “brexit” duro el próximo 29 de marzo.
Saura se pronunció así al ser preguntado por el plan para fomentar su “españolidad” que le ha hecho llegar la aerolínea, que recoge las medidas previstas si se produjera una salida no pactada, con objeto de garantizar el cumplimiento del ámbito normativo europeo.
La regulación comunitaria establece que, para que una compañía aérea pueda mantener en vigor la licencia de explotación, más del 50 % de la propiedad, así como su control efectivo, deben recaer en sus Estados miembros o sus empresas nacionales.
Según fija la legislación británica, el Reino Unido debe salir de la UE el 29 de marzo, cuando se convertiría en un país tercero, pero aún se desconoce si podrá hacerlo con o sin un acuerdo bilateral -el escenario que máximo impacto para el sector empresarial-.
