Presentan proyecto en P.Rico para proveer información alumnos sobre prestamos
La representante Maricarmen Mas Rodríguez anunció la presentación de un proyecto que busca obligar a que toda institución postsecundaria en Puerto Rico provea anualmente a sus estudiantes de información sobre los préstamos estudiantiles federales y privados que reciben, incluyendo si los mismos están en morosidad y cuando se terminan de pagar.
“A medida que el costo de la educación universitaria se eleva en Puerto Rico, cada vez son más los estudiantes que tienen que recurrir a préstamos estudiantiles para costear sus estudios. En medio de esta realidad, existe una correlación entre el alza en los costos de la educación universitaria y el aumento en las tasas de morosidad”, dijo en un comunicado Mas Rodríguez.
“Muchos estudiantes no conocen cual es el estatus de su préstamo, situación que afecta el repago y la solvencia de estos jóvenes, tanto a corto como largo plazo. Tenemos que buscar una alternativa viable para mitigar esto, por eso radicamos este proyecto de ley”, comentó la representante del distrito 19 que incluye Mayagüez y San Germán.
La medida crea la “Ley de Información sobre Préstamos Estudiantiles Postsecundarios”, con el fin de disponer que determinadas instituciones universitarias y postsecundarias desglosen a sus alumnos todo lo relacionado a los préstamos estudiantiles adquiridos por esos para sufragar su educación.
Estas instituciones estarán, de aprobarse la pieza legislativa, obligadas a proveer a sus estudiantes datos tales como la cantidad total tomada en préstamo, el monto potencial total de amortización, incluyendo capital e intereses, por la cantidad total de préstamos estudiantiles tomados y las cuantías mensuales de repago que el estudiante tendrá que recurrir al tomar en consideración la cantidad total adeudada hasta ese momento.
Las cifras más recientes del Departamento de Educación federal reflejan que más de cinco millones de personas en Estados Unidos. han dejado de pagar sus préstamos estudiantiles, de las cuales aproximadamente 375.000 dejaron de pagar en el último año solamente.
“La situación es una sumamente preocupante, pues las consecuencias socioeconómicas para los prestatarios son nefastas. Aparte de las consecuencias crediticias, el gobierno federal cuenta con herramientas fuertes para cobrar las deudas de los morosos, incluyendo el embargo del 15 por ciento de los sueldos o los ingresos de jubilación”, concluyó Mas Rodríguez.
