Pedirán a gobernador P.Rico reconsiderar crear oficina legal casos indigentes
La legisladora María Milagros Charbonier dijo hoy que le solicitará al Ejecutivo que reconsidere la aprobación de un proyecto de ley que crearía una oficina que sirva para atender casos de naturaleza penal en personas indigentes y que la Sociedad para Asistencia Legal no pueda atender.
La medida a la que se refiere Charbonier, del gobernante Partido Nuevo Progresista, es el Proyecto de la Cámara 11, de la cual es coautora junto al presidente cameral, Carlos Méndez, crearía la Oficina del Panel Voluntario de Abogados Compensados en Procedimientos de Naturaleza Penal.
El Proyecto de la Cámara 11 fue aprobado por ambos cuerpos legislativos el pasado año, pero devuelto por el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, a la Legislatura, sostuvo Charbonier en un comunicado de prensa.
“Los ciudadanos deben tener mayor acceso a la justicia y permitirles conocer sus derechos y oportunidades sobretodo en un territorio donde el 45 por ciento de la población está bajo el índice de pobreza”, dijo Charbonier en el texto.
La Sección 11 de la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico garantiza que “en todos los procesos criminales, el acusado disfrutará del derecho a tener asistencia de abogado”.
Charbonier indicó que en Puerto Rico, la responsabilidad y labor de representar ante el foro judicial a las personas indigentes acusados de la comisión de delitos recae sobre los abogados y abogadas que integran la Sociedad para Asistencia Legal.
No obstante, cuando la persona sometida a un procedimiento de naturaleza penal sea indigente y, a su vez, no puede ser representada por la Sociedad para Asistencia Legal, también es deber del tribunal asignar un abogado o una abogada de oficio.
“Por lo tanto, esta nueva oficina tendría la responsabilidad de instrumentar un sistema de representación legal compensada, para proveer servicios legales a indigentes mediante la designación de abogados y abogadas de la práctica privada”, explicó.
Charbonier señaló además que según un informe del 2005 desarrollado por un comité creado por el Tribunal Supremo para el Estudio de la Asignación de Abogados y Abogadas de Oficio, concluyó que los abogados que ejercen el derecho penal privadamente y que están obligados a brindar servicios de oficio han asumido una carga de casos sumamente onerosa, ya que ésta no se distribuye equitativamente entre todos los miembros de la profesión legal.
“La discriminación histórica que sufren algunos sectores en Puerto Rico fomenta la desconfianza hacia los sistemas de justicia”, opinó Charbonier.
Mencionó que imágenes relacionadas al abuso policiaco, la violación constante de derechos civiles y la falta de transparencia en el Gobierno “promueven la sensación de vulnerabilidad, miedo e indefensión con que las personas desventajadas se enfrentan a los procesos legales”.
“Es imperativo el que un ciudadano pueda conocer de primera mano sus derechos a través de una representación legal adecuada”, puntualizó Charbonier.
