La Unión Europea condena asesinatos de periodistas y defensores en México
La Unión Europea, junto a Noruega y Suiza, condenó este jueves en un comunicado los asesinatos a un periodista y cuatro defensores de derechos humanos en México sucedidos en los últimos días.
José Rafael Murúa, periodista en una radio comunitaria, fue asesinado el 20 de enero en el noroccidental estado de Baja California Sur.
Sinar Corzo, José Santiago Gómez y Noé Jiménez, todos pertenecientes a diferentes movimientos ciudadanos en defensa de los derechos humanos, fallecieron en el suroriental estado de Chiapas los días 3 y 17 de enero.
Por último, Gustavo Cruz, defensor de derechos de los indígenas, falleció en el estado de Oaxaca, sur del país, el 20 de enero.
“Expresamos nuestras condolencias y nuestra solidaridad con las familias y allegados a las víctimas. Las muertes de los Sres. Murúa, Corzo, Gómez, Jiménez y Cruz demuestran una vez más el preocupante grado de violencia e intimidación al que se enfrentan muchos periodistas y defensores humanos de México”, dice el comunicado.
Además, pidieron a las autoridades mexicanas que pongan en marcha “todos los esfuerzos posibles” y lleven a cabo las investigaciones pertinentes para juzgar a los culpables y evitar la existencia de “zonas de silencio” en las que periodistas y defensores no se atrevan a trabajar.
También pidieron que no solo se investiguen las muertes, sino que también se realicen esfuerzos y se tomen medidas para garantizar la protección de los profesionales de estos campos, todo esto mediante el fortalecimiento del Mecanismo de Protección existente.
Por otra parte, Amnistía Internacional (AI) acusó al Gobierno mexicano en un informe de no haber cumplido sus obligaciones de proteger al defensor indígena Julián Carrillo, asesinado el 24 de octubre en 2018 en el norteño estado de Chihuahua.
En el informe, “Atrapados entre balas y negligencia: Falta de protección para los defensores del territorio en la Sierra Tarahumara”, AI pide al Gobierno que se creen políticas públicas que garanticen la seguridad en el ejercicio de la defensa de los derechos humanos.
“El asesinato de Julián Carrillo es la evidencia más obvia y atroz de que las autoridades mexicanas no han cumplido con su obligación de garantizar la protección contra todo tipo de violencia, amenazas o represalias resultantes de la defensa de los derechos humanos”, explicó Erika Guevara, directora de Amnistía Internacional para América.
Según datos de organizaciones nacionales, un total de 161 defensores de derechos humanos y 40 periodistas fueron asesinados durante la gestión del presidente mexicano Enrique Peña Nieto (2012-2018).
