Expreso político exige “transformación radical del Poder Judicial” en México
El activista Enrique Guerrero, quien salió de prisión después de 5 años a finales de diciembre de 2018, pidió este miércoles una “transformación radical del Poder Judicial” que detenga la inculpación deliberada a defensores de derechos humanos.
“El desastre en materia de derechos humanos es corresponsabilidad de un Poder Judicial corrupto, insolente ante la ley e insensible ante los derechos humanos”, aseveró el joven que padeció torturas por parte de la autoridad y un encarcelamiento orquestado por el poder político durante la pasada Administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Aunque su salida de la cárcel en el ocaso del año anterior pasó casi inadvertida, fue uno de los primeros gestos del nuevo Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que asumió la Presidencia el 1 de diciembre, en cumplimiento de su promesa de liberar a presos políticos de la administración anterior.
“Reconocemos la voluntad del nuevo Gobierno por dar cumplimiento a una justa e histórica demanda, como es la demanda por la liberación de los presos políticos”, expresó Guerrero, quien de inmediato también clamó justicia recordando que “existen cientos de presos políticos aun en prisión”.
En la mayoría de los casos, esos presos políticos ingresaron a los penales a raíz de “acusaciones fabricadas”.
De acuerdo con su relato, caso de Enrique Guerrero no fue la excepción. Su pesadilla inició la noche del viernes 17 de mayo en Ciudad de México cuando agentes de la Policía Federal vestidos como civiles dispararon contra su coche.
Sin orden de aprehensión, lograron bajarlo del vehículo y retenerlo durante toda la noche, tiempo en el que fue desnudado, golpeado y asfixiado con una bolsa de plástico.
Esa noche, Guerrero también sufrió maltrato psicológico y abusos sexuales.
El objetivo de los policías fue el de interrogarlo para poder incriminar a movimientos sociales con los que Guerrero tenía relación desde su rol de defensor de derechos humanos.
Finalmente, fue llevado a la Subprocurdauría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (SEIDO) y allí agentes del Ministerio Público (MP) le forzaron a declararse implicado en un secuestro ocurrido tres meses antes en el sureño estado de Oaxaca.
Ante la negativa del joven, que entonces era estudiante de filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se le obligó a declararse culpable de algún delito.
Terminó por ser acusado de delincuencia organizada y secuestro y trasladado a una prisión de máxima seguridad donde permaneció 5 años en los que entidades como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y algunos organismos extranjeros señalaron al gobierno de Enrique Peña Nieto las irregularidades del caso.
Hoy, ya libre, pidió “reparación integral del daño a todos los presos políticos”.
Visiblemente emocionado, tras cinco años en la cárcel en los que, confesó que leer “El Castillo”, de Frank Kafka, le fue de gran utilidad para soportar el aislamiento, Guerrero pareció tener intacto el ahínco a la hora de defender las injusticias.
“Esta prisión política ha terminado, hoy la justicia y sus utopías han ganado un poco, solo un poco. Las calles y yo nos encontramos como un espejo: algo maltrechos, algo impacientes, pero en pie, en pie por la defensa de los derechos de todas y todos”.
En su turno de palabra, la directora adjunta de investigación para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Carolina Jiménez, denunció que el caso que vivió Enrique Guerrero es una muestra de que el sistema de justicia en México “no reacciona de manera pronta ni adecuada”.
También es una muestra más de la existencia de “un sistema de justicia capaz de fabricar evidencias” para inculpar a los inocentes.
