Gobernador P.Rico apela a la educación en las prisiones para erradicar crimen
El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, apeló hoy a que las prisiones funcionen como “casas escolares” para dar respuesta por medio de la educación a la criminalidad en la isla, donde crece la preocupación ante los últimos asesinatos cometidos en espacios públicos.
Rosselló fue el orador principal de la Cumbre de Seguridad organizada en San Juan por el Ejecutivo de la isla caribeña en el que participaron representantes de varias agencias gubernamentales con el objetivo de responder a la alarma social que genera el problema.
A pesar de que la criminalidad se ha convertido en las últimas semanas en el asunto de mayor preocupación para la sociedad puertorriqueña la tendencia en lo que va de 2019 es la contraria, ya que se ha registrado una reducción en el número de asesinatos.
Un total de 43 personas fueron asesinadas en lo que va de 2019 frente a las 65 de la misma fecha del año anterior, lo que supone una reducción del 51 %, tal y como han subrayado las autoridades puertorriqueñas cuando se denuncia la situación de criminalidad que sufre la isla.
El secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, ha reiterado que las estadísticas muestran una mejora en la criminalidad, un mensaje que no ha servido para apaciguar la alarma social desatada después de que hace pocas semanas se registran varios asesinatos a plena luz del día y en áreas céntricas de la capital puertorriqueña.
“Que haya mecanismos para salir de la pobreza”, dijo Rosselló durante su intervención, tras apuntar a la educación temprana para poner fin a uno de los principales problemas que golpean a la sociedad de la isla.
Rosselló sostuvo que es una prioridad para el Ejecutivo que lidera afrontar el problema del crimen, facilitado, según denunció, por la situación económica que sufre la isla, el territorio más pobre y con mayores desigualdades sociales de todo Estados Unidos.
“Todos aquí rechazamos la violencia y el crimen, por lo que tenemos que buscar mecanismos para erradicarlo”, insistió Rosselló, para quien tender “una mano amiga” a las personas que cometen delitos es fundamental para solucionar el problema.
Rosselló dijo que la iniciativa privada tiene también un papel importante que jugar, ya que es en la calle donde las empresas tienen que darle una oportunidad a los reclusos que previamente han adquirido una determinada formación en las cárceles.
El gobernador resaltó que la sociedad debe levantarse en la isla para denunciar que no hay espacio para la violencia y el crimen.
El senador independiente José Antonio Vargas Vidot, que en 1992 fundó Iniciativa Comunitaria de Investigación con el fin de promover una mejor calidad de vida entre personas que sufren exclusión social, denunció que las muertes por ajustes de cuentas entre delincuentes está provocando la pérdida de personas valiosas.
Vargas Vidot destacó también que ante la falta de medios son muchas veces los municipios los que se ven obligados a asumir responsabilidades de seguridad que le conciernen al Gobierno.
La cumbre contó con el testimonio de un antiguo delincuente identificado con el nombre de Aníbal, quien detalló el duro trato recibido cuando era delincuente en las prisiones y centros para menores por los que pasó, como dijo algo que en nada contribuyó a su reinserción social.
El legislador del gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP) José Enrique Meléndez expresó que para que todas las iniciativas e ideas sean exitosas es necesario hacerle justicia a los agentes de la Policía y proveerles los recursos necesarios.
Dijo que es hora de que en Puerto Rico se tome en serio el incluir como parte integral de cualquier plan para atajar la drogadicción el incluir medidas y recursos dirigidos a la rehabilitación del adicto y a su reingreso a su entorno social.
La mayor preocupación en la sociedad por la criminalidad coincide con el malestar entre los miembros de las fuerzas del orden a causa de sus condiciones laborales, lo que ha provocado que desde 2013 la plantilla de la Policía se haya reducido de 15.000 agentes a los poco más de 8.000 actuales.
Durante 2018 cerca de 1.000 agentes abandonaron la Policía, ante el empeoramiento de sus condiciones laborales.
