Advierten que podrán citar a ex funcionarios por emisión de deuda en P.Rico
El presidente del Senado de Puerto Rico, Thomas Rivera Schatz, no descartó hoy que la Cámara alta cite a miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en calidad de ex funcionarios para que expliquen por qué recomendaron la emisión de 6.000 millones en bonos de Puerto Rico entre los años 2012-2014.
Rivera Schatz, en un comunicado, señaló que todo dependerá de si en efecto la jueza de quiebras Laura Taylor Swain, quien hoy realizó la vista judicial, determina que la emisión de la deuda, tal y como lo afirma la JSF, fue emitida en alegada violación a la Constitución de Puerto Rico.
“Si alguien actuó de manera ilegal e incorrecta tiene que responder al pueblo de Puerto Rico. Hay que procesarlo si las alegaciones son correctas porque si fueran faltas entonces sería otra equivocación más de la Junta de Control Fiscal”, destacó Rivera Schatz.
Solicitó además que se divulgue si el presidente del ente federal, José Carrión, y los ex presidentes del Banco Gubernamental de Fomento Carlos García y José Ramón González votaron a favor, en contra o abstenidos de la determinación de la JSF.
Asimismo, urgió a que se divulgue si el despacho de abogados O’Neill & Borges, que ha sido contratado por varias administraciones del Gobierno, ofreció consejos a la JSF sobre la alegada nulidad de las emisiones.
“Es importante que aguardemos a que el Tribunal tome la determinación y si en efecto determina que los 6.000 millones son nulos, todos en el Senado tenemos la responsabilidad de reclamar que comparezcan aquí no como miembros de la Junta”, subrayó.
Por su parte, el senador independentista Juan Dalmau expuso que con esta situación hay “tres criminales y coautores”.
“Los primeros criminales son aquellos funcionarios de Gobierno que certificaron la posibilidad del pago de deuda bajo unas proyecciones de ingresos fatulas. Era falso y sabiendo que era falso la certificaron. El segundo criminal fueron las casas acreditadoras que sabiendo que era falso le acreditaban al gobierno la posibilidad de repago y le autorizaban continuar endeudándose”, sostuvo.
“Entre ambas partes se guiñaban porque uno le acreditaba que podía pagar sabiendo que no podía pagar y el otro recibiéndole la certificación sabiendo que el otro no le podía pagar pero que en su momento cobrarían porque así lo dispone la Constitución”, expresó Dalmau.
“El tercer criminal son las casas de corretaje porque fueron a pescar posibles compradores de bono a consciencia que esas emisiones de bonos eran fraudulentas. Tanto así que dentro de ese esquema criminal? que quien se convierte ahora en el principal testigo del pueblo es la JCF”, añadió el senador.
Mientras tanto, el senador del Partido Popular Democrático (PPD) José Luis Dalmau argumentó que es necesario que se investigue el proceso de la emisión de la deuda.
A estas peticiones también se unió el portavoz de la delegación del PPD, Eduardo Bhatia, quien solicitó que se citen a las casas acreditadoras, bufetes legales y ex funcionarios de Gobierno.
