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Comisión Cámara baja de P.Rico arranca discusión sobre nueva ley de armas

Vista un arma de la empresa FN Hersatal. EFE/Archivo

Vista un arma de la empresa FN Hersatal. EFE/Archivo

EFE

La Comisión de Seguridad Pública de la Cámara baja de Puerto Rico arrancó hoy las vistas públicas para discutir la nueva “Ley de Armas de Puerto Rico de 2019", que propone flexibilizar los requisitos para validar la posesión de armas de fuego, como un derecho protegido por la Constitución de EEUU.

Según dijo el presidente de la Comisión, Félix Lassalle Toro, el Proyecto del Senado 1050, que propone, entre varios aspectos, eliminar el requisito de declaración jurada y descartar el requisito de la investigación de campo o revisión de antecedentes del ciudadano, sufrirá cambios.

“Hemos mencionado desde un principio que lo que queremos es un proyecto que no afecte a las personas que quieran tener una licencia, que sea menos costoso, liberar el proceso burocrático y que se salvaguarde, la seguridad, pero en cumplimiento con las reglamentaciones constitucionales de Puerto Rico y Estados Unidos”, afirmó.

Reconoció además que el proyecto, como está presentado, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, “ya dijo que no lo va a firmar”.

“Nosotros vamos en busca de poder traer un proyecto que recoja las enmiendas pertinentes que preocupan al gobernador”, sostuvo Lassalle Toro.

“Si el gobernador ve que en el proceso vamos a asegurar que la persona que tenga el arma o que se le emita la licencia, pasó por el proceso correcto y se prueba que es una persona apta, no creo que va a haber ningún inconveniente”, enfatizó el legislador.

Lassalle Toro propuso además que investigará cómo la escasez de personal en el Negociado de la Policía influye en el proceso para que una persona pueda poseer legalmente un arma de fuego.

Tampoco descartó la posibilidad de incluir entrenamientos continuos como lo reciben los policías en el uso y manejo de armas de fuego, y aseguró que no se aceptarán en Puerto Rico las licencias aprobadas en otras jurisdicciones, pues alegó que “se desconoce bajo qué procesos o requerimientos fueron emitidas y hasta cuándo”.

A su vez, sostuvo que la Comisión evaluará reducir de 120 a entre 10 y 15 días el periodo máximo que tendrá la Policía para otorgar una licencia de armas.

En el primer turno de vistas, la Comisión recibió el insumo del componente de seguridad del Gobierno, donde tanto el Departamento de Seguridad Pública, como el Departamento de Justicia, objetaron la misma, al tiempo que presentaron una lista de cambios.

La fiscal Elba Cruz Rodríguez, del Departamento de Justicia, planteó que “nuestra mayor preocupación es lo laxo y permisivo que resulta ser lo propuesto, máxime cuando se trata de armas mortíferas”.


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