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Jueza evalúa el acuerdo entre el Gobierno de P.Rico y acreedores de Cofina

Un hombre sostiene una pancarta durante una manifestación convocada hoy, miércoles 16 de enero de 2018, ante el Tribunal Federal en San Juan (Puerto Rico) para mostrar el rechazo al acuerdo alcanzado entre el Gobierno puertorriqueño y los acreedores Cofina. EFE

Un hombre sostiene una pancarta durante una manifestación convocada hoy, miércoles 16 de enero de 2018, ante el Tribunal Federal en San Juan (Puerto Rico) para mostrar el rechazo al acuerdo alcanzado entre el Gobierno puertorriqueño y los acreedores Cofina. EFE

EFE

La jueza federal responsable de la reestructuración de la deuda de Puerto Rico evalúa hoy si ratifica el acuerdo entre Gobierno y acreedores de la Corporación del Fondo del Interés Apremiante (Cofina) mientras manifestantes denuncian a los fondos buitres y las consecuencias para la población.

La magistrada Taylor Swain escucha los argumentos a favor y en contra de un acuerdo contestado en las calles, frente al Tribunal Federal en San Juan donde se celebra la vista, por quienes argumentan que supondrá tener que emplear fondos destinados a Cofina a los acreedores que son indispensables para que el Gobierno atienda las necesidades de la población.

Cofina es una entidad gubernamental independiente del Gobierno de Puerto Rico que recibe una porcentaje del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU).

Cofina emite bonos asegurados por esa porción del IVU para pagar o financiar ciertas deudas del Gobierno de la isla caribeña.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF), entidad de control al Ejecutivo de San Juan que surge de normativa aprobada en Washington para atender el tema de la deuda, apoya el acuerdo entre Ejecutivo y acreedores, pero hay voces discordantes que denuncian que traerá graves problemas a la población.

El acuerdo establece que el 53,6 % de la recaudación del IVU se destinen al pago de la deuda de Cofina, mientras que el 46,3 % restante irá al Gobierno para servicios prestados a la población.

Tal y como fue acordado, se llevaría a cabo un recorte del 32 % al principal de la deuda que supone más de 17.000 millones de dólares.

Quienes se oponen al pacto denuncian que a pesar de ese recorte se estaría pagando de más porque el pago de intereses se elevaría a más de 30.000 millones de dólares durante las próximas décadas.

Algunas de las personas que declararon ante la magistrada federal mostraron su temor ante las consecuencias del acuerdo por entender que desvía fondos que en una situación como la actual son fundamentales para la población.

Los disconformes argumentan además que el Gobierno de Puerto Rico es responsable de emitir deuda que no podía pagar, motivo por el que es difícil confiar ahora en los acuerdos alcanzados con los acreedores.

La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Cofina, la JSF y poseedores y aseguradoras de los bonos senior y subordinados de la entidad suscribieron un acuerdo para respaldar un Plan de Ajuste (PSA, en inglés) el pasado mes de agosto.

Los acuerdos incorporados en el PSA proveerán al Gobierno de Puerto Rico acceso a más 400 millones anuales por los próximos 40 años, dinero que en el pasado se utilizaba para pagar la deuda de Cofina.

El Gobierno defendió un acuerdo que, según el Ejecutivo, provee más de un 32 % de reducción en la deuda de Cofina, le ahorra a Puerto Rico aproximadamente 17.500 millones en pagos de servicio de deuda y les permite a los tenedores locales de bonos recibir una recuperación significativa.

Cientos de manifestantes protestaron ante Tribunal Federal en San Juan para mostrar su rechazo al acuerdo alcanzado entre el Gobierno puertorriqueño y los acreedores Cofina.

La manifestación fue convocada para primeras horas de la mañana por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), protesta que estuvo precedida de una vigilia convocada por el Capítulo de Jubilados de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR).

Los manifestantes mostraban pancartas contra el acuerdo y denunciaban la situación en la que quedará sumida parte de la población puertorriqueña si el acuerdo es ratificado hoy por la jueza federal.


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