Radican medidas para tratar de reducir casos hostigamiento sexual en P.Rico
La senadora Zoé Laboy, del gobernante Partido Nuevo Progresista, radicó hoy, durante el primer día de la quinta sesión ordinaria 2017-2020, tres medidas para atender el hostigamiento sexual y la violencia doméstica en la isla, con el fin de tratar de que se reduzcan sus casos.
La primera de las medidas es el Proyecto del Senado 1164, para enmendar la Ley Para la Prevención e Intervención con la violencia doméstica, a los fines de ordenar que sea obligado el que, habiéndose expedido una orden de protección, el Tribunal le ordene al agresor a que acuda a un programa o taller de reeducación para personas que incurren en conducta agresiva en relación de pareja.
“A pesar de que una orden de protección es un mandato para que la persona agresora se abstenga de actos o conducta constitutivos de violencia doméstica, la realidad es que en nada contribuye a modificar esa conducta maltratante”, dijo Laboy en declaraciones escritas.
La legisladora sostuvo que al día de hoy, la Ley deja a discreción del Tribunal el ordenar al atacante a que participe de estos talleres.
“De hecho, la realidad es que en muy pocas instancias así lo ordena. Es por lo que esta enmienda persigue que la reeducación sea mandatoria siempre que se emita una orden de protección. De este modo, protegemos a la víctima, pero también le damos herramientas al agresor o agresora para modificar su conducta”, explicó Laboy.
La Resolución del Senado 953 fue la segunda medida radicada por lo senadora, con el fin de realizar una investigación exhaustiva sobre el alcance, la efectividad y necesidades de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM).
La medida propone estudiar la pertinencia y el cumplimiento de dicha oficina en el desarrollo, implantación y fiscalización de políticas públicas dirigidas a promover ambientes laborales equitativos, seguros y libres de prejuicios para las mujeres en Puerto Rico.
La ley que crea la OPM, reconoce que estas siguen siendo discriminadas, oprimidas y marginadas que violan los principios de igualdad de derechos y el respeto de la dignidad humana y que dificultan su participación en diferentes ámbitos.
“Lamentablemente eventos relacionados a casos de hostigamiento sexual acontecidos durante los pasados años en municipios y agencias gubernamentales han puesto de manifiesto algunas deficiencias en los reglamentos existentes y en el proceso del manejo de querellas, tanto a nivel de la OPM como en las agencias y municipios implicados”, agregó Laboy.
La tercera medida que radicó fue la Resolución del Senado 954, para ordenar realizar una investigación exhaustiva en torno al contenido, implantación, funcionalidad y efectividad de las leyes, protocolos y reglamentos existentes para atender los casos de violencia doméstica, hostigamiento sexual y otros temas relacionados a estas conductas, en las tres ramas de Gobierno.
