El Gobierno pide evaluar crisis en Nicaragua con Carta Democrática de OEA
El Gobierno del país, junto al de Colombia, Perú y Argentina, pidió hoy evaluar la crisis en Nicaragua mediante la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA), aunque no exigieron explícitamente que se inicie el proceso para suspender el país del organismo.
Es la primera vez que la aplicación de la Carta Democrática aparece en el debate sobre Nicaragua en la OEA, que hoy celebra una sesión extraordinaria de su Consejo Permanente.
En la sesión, el embajador de Colombia ante el organismo, Alejandro Ordóñez, consideró que la OEA debe jugar “un papel indispensable” frente a la crisis en Nicaragua, que estalló el 18 de abril con protestas que piden la renuncia del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y que han dejado centenares de muertos.
“La situación en Nicaragua -dijo Ordóñez- debe ser abordada a la luz de la Carta Democrática Interamericana”.
El diplomático colombiano consideró “urgente” e “imperativo” tomar esa iniciativa dentro de la OEA después de que un grupo independiente de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) haya concluido que el Gobierno de Ortega ha perpetrado crímenes de lesa humanidad.
Por su parte, el embajador de EE.UU. ante la OEA, Carlos Trujillo, dijo que el organismo no puede estar “en silencio” y debe acudir a la Carta Democrática para reconocer que en Nicaragua “no se cumplen” los compromisos democráticos adquiridos a nivel internacional.
La embajadora de Perú ante la OEA, Ana Rosa Valdivieso, también mencionó la Carta Democrática e instó al resto de Estados a no permanecer “impasibles” ante la situación.
La embajadora argentina, Paula Berto, fue un poco más contundente y adelantó: “Un grupo de Estados estamos pensando en aplicar la Carta Democrática”, señaló.
Ninguno de los embajadores, sin embargo, especificó como debe aplicarse la Carta Democrática de la OEA a Nicaragua.
Dicha Carta es un instrumento jurídico aprobado en 2001 para la preservación de la institucionalidad democrática en Latinoamérica.
Su artículo 20 establece que el secretario general o cualquier Estado miembro de la OEA puede solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente cuando en un país de la organización “se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático”.
Entonces, el Consejo Permanente debe decidir si existe esa “alteración” del orden democrático y, a partir de entones, se pueden tomar distintas gestiones diplomáticas.
De fracasar estas, se inicia un proceso que podría llevar a la convocatoria de una Asamblea General extraordinaria, el foro político más importante de la OEA, en el que los cancilleres de las Américas podrían suspender a un Estado miembro si estiman que “se ha producido la ruptura del orden democrático”.
