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Expertos ponen lupa en actos de Gobierno Ortega y Policía durante protestas

Agentes de la policía nacional repliegan al periodista Nestor Arce del semanario Confidencial al llegar a la sede central de la policía a pedir explicaciones sobre el allanamiento del medio de comunicación, en Managua (Nicaragua). EFE/Archivo

Agentes de la policía nacional repliegan al periodista Nestor Arce del semanario Confidencial al llegar a la sede central de la policía a pedir explicaciones sobre el allanamiento del medio de comunicación, en Managua (Nicaragua). EFE/Archivo

EFE

El grupo de expertos para Nicaragua creado por un acuerdo de la OEA, la CIDH y el Gobierno de Daniel Ortega dejó hoy bajo la lupa la actuación del Ejecutivo y de la Policía Nacional durante las protestas que sacudieron a ese país en meses pasados.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dio a conocer hoy en Washington su informe final, después de que Managua informara este miércoles que expiraba el plazo para su trabajo, en el que recomienda al Gobierno de Ortega “cesar el hostigamiento a defensores de derechos humanos, periodistas y otros líderes sociales”.

Los expertos pidieron al Ejecutivo que garantice “las condiciones para que puedan desarrollar plenamente sus labores y ejercer sus derechos” y, en particular, “la libertad de expresión, de reunión y de asociación”.

Pero además consideraron que las investigaciones por las violaciones a los derechos humanos durante las protestas deben alcanzar a Ortega, como “la máxima autoridad del mando institucional” y como integrante del “mando institucional de la Policía”.

“Una investigación seria no puede dejar de considerar la responsabilidad en los hechos, en primer lugar, del presidente de la nación, Daniel Ortega” por ser “jefe supremo de la Policía”, señaló Pablo Parenti, uno de los expertos del GIEI, quien alertó también sobre la connivencia entre esa institución y grupos “paraestatales”.

Parenti señaló a la Policía Nacional como “el principal protagonista de la represión” en ese país, y aseguró que actuó en bloque, es decir, involucrando sus distintas divisiones.

El GIEI, integrado por Amerigo Incalcaterra (Italia), Claudia Paz y Paz (Guatemala), Sofía Macher (Perú), y Parenti (Argentina), es producto de un acuerdo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Gobierno nicaragüense.

Su misión era coadyuvar en las investigaciones sobre los hechos de violencia ocurridos en el país centroamericano entre el 18 de abril y el 30 de mayo.

“No pudimos tener acceso a ninguna investigación criminal, ningún expediente. No tuvimos acceso a ningún juicio oral, ningún expediente médico, ni forense, absolutamente nada”, se quejó Incalcaterra, coordinador del GIEI.

Lamentó que “nunca” les entregaron “un papel”, y justificó que por ello debieron acudir a “fuentes de información abierta” y otras reservadas.

“La gran pregunta (...) que nos hacemos es por qué no se quiso trabajar y no se quiso cumplir con un mandato que la propia parte, el propio Gobierno, la OEA y la Comisión Interamericana le pidieron a este grupo”, apuntó.

El coordinador subrayó que tras analizar distintas fuentes, entre ellas documentos fílmicos y fotografías, así como redes sociales, no encontraron “ninguna evidencia” de que el Gobierno de Ortega estuviera enfrentado a un golpe de Estado.

El grupo de expertos recomendó igualmente a Nicaragua que ratifique el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), para “garantizar que los delitos de lesa humanidad no queden en la impunidad y como garantía de no repetición”.

Planteó igualmente que ese país acepte “la competencia de la Corte Penal Internacional sobre crímenes de lesa humanidad cometidos desde el 18 de abril de 2018".

Consultado sobre la posibilidad de que Ortega sea juzgado por la CPI, Incalcaterra aclaró, para no generar “falsas expectativas”, que ese organismo “no puede intervenir” en Nicaragua, ya que ese país no ha ratificado el estatuto de Roma.

“Para que la Corte Penal Internacional pudiera intervenir en algún momento hay dos fórmulas posibles: una que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas mande el caso de Nicaragua (...) a la Corte” o que ese país hiciera “una declaración” aceptando la competencia de ese organismo para juzgar estos hechos, sostuvo.

En todo caso, los expertos propusieron una depuración tanto de la Policía para separar a “agentes que participaron en actos de violación a los derechos humanos”, así como del sistema de administración de Justicia, para apartar a los jueces y funcionarios que vulneraron el debido proceso.

Según las cifras del GIEI, entre el 18 de abril y el 30 de mayo pasados ocurrieron al menos 109 muertes -95 de ellas por disparos con armas de fuego-, mientras que más de 1.400 personas resultaron heridas y más de 690 fueron detenidas.


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