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Gobierno dice que “Nica Act” manda mensaje de que seguirá la presión a Ortega

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EFE

El Gobierno afirmó hoy que la ley conocida como “Nica Act”, que tiene como principal objetivo bloquear los préstamos de las instituciones financieras internacionales a Nicaragua, manda un mensaje “fuerte” de que continuará su presión al Ejecutivo del presidente, Daniel Ortega.

“La ‘Nica Act’ manda otro mensaje fuerte de que Estados Unidos continuará presionando al régimen de Ortega para una vuelta de la democracia y respeto por los derechos humanos y libertades fundamentales” en Nicaragua, dijo uno de los portavoces del Departamento de Estado, Robert Palladino, en un comunicado.

“Permanecemos con el pueblo de Nicaragua -prosiguió-, ya que demanda elecciones libres, justas y transparentes”.

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Ayer, el presidente, Donald Trump, firmó la “Nica Act”, que ha sido objeto de dos años de debate en el Congreso y que impone sanciones individuales a miembros del Gobierno de Ortega, además de limitar el acceso de Nicaragua a préstamos internacionales, como los del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Palladino destacó que la rúbrica por parte de Trump de esta ley marca “su compromiso de promover la democracia, los derechos humanos y el imperio de la ley en Nicaragua”.

El portavoz recordó que la norma completa otras acciones adoptadas contra responsables nicaragüenses e integrantes del Ejecutivo de Ortega.

A finales de noviembre, Washington anunció sanciones por la “represión” en Nicaragua contra la vicepresidenta y primera dama del país, Rosario Murillo, y Néstor Moncada Lau, asesor de seguridad nacional de Ortega.

Palladino explicó que su país ha adoptado todas estas acciones porque “el régimen de Ortega continúa reprimiendo la disensión; hostiga y reprime los medios de comunicación independientes; y arresta, tortura e intimida a civiles por el mero ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales”.

Citó como ejemplo la reciente retirada de la personalidad jurídica a nueve organizaciones de derechos humanos y la expulsión de expertos que investigaban la situación bajo el paraguas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

A juicio de Palladino, estos casos muestran “la indiferencia excesiva del régimen de Ortega hacia las libertades fundamentales, los procesos democráticos y las instituciones, y los derechos humanos”.

Nicaragua se encuentra en una grave crisis a raíz de unas protestas iniciadas el pasado 18 de abril contra Ortega y que han dejado al menos 325 muertos, de acuerdo a la CIDH, aunque algunos grupos elevan la cifra a más de medio millar, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199.

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