Comisionada residente defiende trato igual para personas con discapacidad
La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, abogó por igualdad de condiciones y fondos para Puerto Rico en los programas federales mediante el recurso de Amiga de la Corte que defendió su asesora legal en la vista del caso USA frente Vaello-Madero que trata el tribunal federal.
El gobierno federal busca el recobro de los fondos del programa Supplemental Security Income (“SSI”) recibidos por el señor Vaello después de este mudarse de Nueva York a Puerto Rico.
Vaello levantó como defensa al recobro la inconstitucionalidad del discrimen estatutario mediante el cual se priva a Puerto Rico, a las Islas Vírgenes y a Guam de participación en ese programa federal, indicó hoy la comisionada en un comunicado.
Expresó que su lucha por la Igualdad para Puerto Rico no se limitará al Congreso, “dónde se manifieste cualquier tipo de discrimen hacia Puerto Rico levantaré mi voz y tomaré acción para combatirlas. Lo he hecho como legisladora estatal, ahora como legisladora federal y en los casos que como estos llevan los tribunales”.
En la resolución del Amicus Curiae que presentó la comisionada lee: “De todas las disparidades que enfrentan los ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico, ninguna es tan impactante para la conciencia como la disparidad en la asistencia disponible para los ciudadanos más vulnerables. Un estadounidense que vive bajo la línea de pobreza en los Estados Unidos continentales no es más necesitado, vulnerable o merece más asistencia que un ciudadano americano que vive bajo la línea de pobreza en la isla”.
“El SSI es un programa al que se ingresa por índice de pobreza en el que el gobierno federal asiste económicamente a personas de 65 años o más bajo línea de pobreza o impedimentos o condiciones especiales o menores con condiciones como cáncer, perlesía cerebral síndrome down, esclerosis entre otras condiciones que afectan el que la familia y el individuo pueda generar ingresos suficientes para vivir”, agregó.
“A diferencia del Seguro Social tradicional, con el SSI no requieren que un beneficiario realice pagos en el programa para tener derecho a los beneficios del programa. Un estadounidense en los Estados Unidos continentales que recibe SSI es tan probable que pague impuestos federales como un estadounidense que vive en Puerto Rico. No hay razón justificable para esta discriminación legal”, dijo.
El SSI es el único programa federal de apoyo de ingresos dirigido a familias con menores discapacitados.
El programa de Puerto Rico que aplica en vez del SSI- el AABD- no provee para ayudas para menores discapacitados que no sean ciegos.
En los estados, la ayuda que provee el SSI mantiene al 66% del total de beneficiarios y al 59% de las familias con menores discapacitados por encima del nivel de pobreza que sin el SSI caerían por debajo.
Un 14% de los recipientes del SSI son menores con discapacidad que incluyen síndrome de Down, autismo, cáncer y parálisis cerebral.
“No puede haber justificación alguna para que a Puerto Rico, Islas Vírgenes y Guam se les discrimine. Ya de por sí, las familias con niños y adultos con discapacidades hacen mil malabares para poder pagar terapias, tratamientos y lograr ingreso familiar. El SSI es la ayuda económica que necesitan para poder al menos vivir sin miedo a perder su casa o tener seguridad alimentaria. Nuestras familias no pueden ser menos que las que viven en los estados u otros territorios”, concluyó.
