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EFE

La Cámara de Diputados de Argentina inició hoy una sesión especial en la que se debatirá, entre otros asuntos, un proyecto de ley para agravar las penas contra los hinchas de fútbol violentos.

El presidente de la Cámara Baja, Emilio Monzó, encabeza una sesión que comenzó con una serie de intervenciones iniciales de los legisladores y cuestiones de privilegio sobre temas de libre elección.

Seguidamente, está previsto que el pleno debata el proyecto de ley por el cual se crea un Régimen Penal y Procesal para la Prevención y Represión de Delitos en Espectáculos Futbolísticos, que busca reforzar las penas contra los conocidos como barrabravas (ultras violentos).

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Si bien el texto iba a ser debatido el 6 de diciembre pasado, la Cámara resolvió ese día postergar por dos semanas su tratamiento para buscar un mayor consenso.

De ser aprobado hoy, deberá pasar al Senado para su correspondiente debate y eventual sanción definitiva.

El proyecto ya fue enviado por el Gobierno al Congreso hace dos años, pero toma impulso ahora después de los disturbios en el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores del pasado 24 de noviembre, en los aledaños del estadio Monumental de River Plate de Buenos Aires.

Ese día, varios jugadores de Boca Juniors quedaron heridos por el lanzamiento de piedras y otros objetos por parte de ultras del ‘Millonario’, lo que derivó en la suspensión del juego antes de su inicio y su traslado al estadio Santiago Bernabéu de Madrid, donde se celebró el partido el 9 de diciembre pasado.

Entre otros aspectos, la iniciativa que hoy se debate establece penas de 6 meses a 2 años de prisión para los aficionados que tengan en su poder objetos cortantes, instrumentos contundentes, artefactos químicos, de pirotecnia, inflamables o cualquier otro elemento que pueda ser utilizado para intimidar, ejercer violencia o agredir.

Asimismo, la pena asciende de 2 a 6 años de prisión para el que introdujere armas de fuego o artefactos explosivos sin la debida autorización en un estadio de fútbol argentinos, en los que desde hace años no se acepta público visitante por los hechos violentos, que dejaron varias muertes.

También la venta de entradas falsas tendrá una pena de 6 meses a 2 años de cárcel, mientras que se dispone prisión de 2 a 8 años si el delito fuese cometido por un organizador, protagonista o integrante de un grupo.

“Creemos que estamos llegando a un consenso muy importante y va a ser una muy buena ley”, remarcó este lunes la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que calificó el proyecto de “inédito” e “histórico” al considerar que hasta ahora el impulso de la legislación contra los barra bravas siempre “ha tenido trabas y ha caído en debates corporativos”.

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