Abogados confían recuperar plan de ingreso legal de menores centroamericanos
Los demandantes en una acción legal para que el Gobierno restablezca el programa de Menores Centroamericanos (CAM, en inglés), que permitiría el ingreso al país de casi 3.000 niños, confían en que se confirmen los buenos augurios después de que una jueza aceptase a trámite el requerimiento.
Linda Evarts, abogada de The International Refugee Assistance Project (IRAP), una de las organizaciones que respalda a los demandantes, dijo a Efe que están confiados en que la jueza federal en California Laurel Beeler reactive el programa y que los menores puedan completar el proceso y viajar legalmente a Estados Unidos.
Esta semana Beeler dictaminó que los demandantes tenían mérito para continuar con el proceso, rechazando así la petición del Gobierno de descartar este reclamo legal.
Los demandantes, doce padres y menores beneficiados por el programa y la Organización CASA, solicitaron además a la corte una orden preliminar para restablecer temporalmente el programa, mientras el Departamento de Seguridad Interna (DHS) entrega la justificación legal para la finalización del programa, ocurrida en agosto de 2017.
La jueza, que calificó la cancelación del programa como una decisión “arbitraria y caprichosa”, advirtió que su tribunal abordará en una orden por separado la petición de orden preliminar.
Batallas judiciales similares permitieron restablecer temporalmente programas como la Acción Diferida (DACA) o el Estatus de Protección Temporal (TPS) mientras se define su futuro en las cortes y tanto los abogados como los demandantes esperan que la jueza Beeler siga los pasos de otros magistrados.
“Desde el año pasado estos menores están esperando en condiciones de peligro el permiso para entrar, incluso algunos con el boleto de avión comprado”, explicó Evarts.
El programa CAM fue establecido en 2014, durante el Gobierno del expresidente Barack Obama (2009-2017) como una medida para contrarrestar la ola de menores no acompañados que cruzó las fronteras en esa administración aquel año.
Menores de El Salvador, Guatemala y Honduras fueron favorecidos por el programa, y más de 13.000 presentaron una solicitud mientras el programa estuvo en funcionamiento, de los cuales 1.627 de los solicitantes fueron admitidos como refugiados y 1.465 personas ingresaron con un permiso especial.
Casi 3.000 peticiones estaban siendo procesadas cuando la Administración detuvo la emisión de documentos de viaje en enero del 2017, días después de la posesión de Trump.
No obstante, el Gobierno siguió recibiendo el dinero de las aplicaciones y sólo hasta agosto de ese año anunció el fin del programa.
Gustavo Torres, director ejecutivo de CASA, dijo en un comunicado que la decisión del Gobierno Trump ha causado un daño con repercusiones a futuro a estos menores que enfrentan violencia en los países del llamado triángulo centroamericano.
La evaluación del restablecimiento del programa llega justo cuando miles de inmigrantes de estos países, entre los que se encuentran menores no acompañados, esperan una oportunidad para solicitar refugio en los puertos de entrada de la frontera sur de Estados Unidos.
Tanto el Presidente como la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kirstjen Nielsen, han reiterado que los inmigrantes que pretenden solicitar asilo político lo deben hacer por la vía legal.
Sin embargo, Evarts asegura que las acciones que la Administración ha tomado en estos dos años muestran todo lo contrario, y “que el Gobierno Trump está comprometido a evitar que los centroamericanos que huyen del peligro ingresen a este país, incluso si siguen todas las reglas e intentan ingresar legalmente”.
A pesar de las amenazas de la Administración, los menores no acompañados siguen tratando de ingresar al país, y, según datos oficiales, el mes pasado 5.283 menores no acompañados fueron arrestados al ingresar de manera ilegal al país, mientras que en octubre fueron 4.982.
“El programa CAM daba una vía legal y segura para que estos menores pudieran ingresar al país pero la Administración no quiso darle la oportunidad”, señala Evarts.
Uno de los demandantes es un hondureño residente de Nueva York, que realizó todo el procedimiento para traer a dos de sus hijas, una de 4 años en el momento de la demanda y la otra apenas una infante. Las niñas continúan esperando para poder reunirse con su padre de forma legal.
La querella nombra el caso de un salvadoreño residente legal de Oxnard (California), que presentó la petición para sus tres hijos.
El gobierno aprobó la solicitud, los menores tenían que salir de El Salvador el 20 de febrero del 2017, pero la decisión del Gobierno Trump impidió la reunificación, a pesar de los solicitantes alegaron haber sufrido amenazas de la pandilla MS-13.
