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Inmigrante en “santuario” en Colorado abre campaña contra robo de identidad

Catorce personas, cuatro madres y 10 niños deportados de Estados Unidos hacia Guatemala, caminan por la pista del aeropuerto internacional La Aurora de Guatemala. EFE/Archivo

Catorce personas, cuatro madres y 10 niños deportados de Estados Unidos hacia Guatemala, caminan por la pista del aeropuerto internacional La Aurora de Guatemala. EFE/Archivo

EFE

La peruana Ingrid Encalada Latorre, refugiada en una iglesia de Colorado para evitar ser expulsada del país, inició hoy la campaña #NoMásChuecos en la que insta a indocumentados a no robar la identidad de otras personas para trabajar, motivo por el que ella recibió una orden de deportación.

“He evaluado no sólo el impacto que ha tenido en mi vida el uso de documentos falsos, sino también los problemas que causó a la víctima”, dijo Latorre en declaraciones a Efe.

“Veo cómo los miembros de la comunidad de inmigrantes se declaran culpables y terminan enfrentándose a la deportación”, agregó.

La inmigrante de 35 años y madre de dos hijos estadounidenses, ingresó al país sin la documentación pertinente en el año 2000 y una década después fue detenida por usar documentos que no le pertenecían.

Latorre aceptó su culpabilidad y pagó una multa de varios miles de dólares para indemnizar a la víctima. Pero, al declararse culpable, se iniciaron los procedimientos para su deportación.

En noviembre de 2016, por temor a ser arrestada y deportada, Encalada Latorre no se presentó en las oficinas del Servicio de Inmigración y Aduanas cerca de Denver y, por el contrario, ingresó en la iglesia Mountainview Friends Meeting (cuáqueros), en donde permaneció refugiada (santuario) durante cinco meses, hasta que su caso fue reabierto.

Con la ayuda de la Iglesia Unitaria Universalista de Boulder - ubicada al noroeste de Denver, a la que la peruana llegó hace casi un año- y de la Coalición Santuario del Condado Boulder, la mujer comenzó una “campaña intensiva” en redes sociales y en la radio.

Entre esas consecuencias figuran la disminución del puntaje del historial de crédito y el rechazo de la solicitud de hipotecas o de préstamos, además de que se suelen tener problemas con el Servicio de Impuestos Internos ( IRS ).

“La campaña #NoMásChuecos está diseñada para educar a la comunidad inmigrante sobre el robo de identidad y el impacto del robo en las víctimas”, puntualizó Latorre.

“Veo cómo puede causar estrés y la posible interrupción de los servicios de ayuda social de familias que fueron víctimas”, agregó.

“Chueco” es un vocablo popular que en algunos países latinoamericanos se refiere a una cosa mal hecha, defectuosa y, más específicamente, adulterada o falsa.

Para impulsar su mensaje, la inmigrante realizará “podcasts” y entrevistas de radio con dirigentes comunitarios, con abogados expertos en el tema y con funcionarios públicos.

La campaña incluye anuncios en inglés y en español.

“Espero que las personas de mi comunidad comprendan las posibles consecuencias de las decisiones que toman. Y espero educar (...) para que entiendan los desafíos que enfrentamos. Queremos reparar el daño no intencionado, pero real”, declaró la inmigrante.

Además de esta campaña, Latorre participa en “acciones de resistencia”, como haber redactado junto a otras mujeres en régimen de “santuario” la llamada Resolución Popular, un documento que pide la aprobación de nuevas leyes inmigratorias.

La peruana permitió que su historia se utilice en una obra de teatro y mantuvo frecuentes entrevistas con dirigentes y políticos locales.

Según la organización no lucrativa Centro de Recursos contra el Robo de Identidad (ITRC, en inglés), una de cada cuatro víctimas de robo de identidad enfrenta significativas pérdidas financieras. El 15 % de esas víctimas pierde todas sus pertenencias.

Un reciente reporte publicado por el IRS con datos de 2015 estima que, ese mismo año, cerca de 1,4 millones de inmigrantes indocumentados usaron identidades robadas a ciudadanos estadounidenses o a extranjeros con presencia legal en el país.

El reporte también indica que el IRS sólo pudo identificar a la mitad de los responsables de esos robos.

Otro informe, en este caso publicado en julio de este año por el Centro de Estudios de Inmigración (CIS), sostiene que los casos más comunes de robos de identidad por parte de indocumentados están asociados a la compra de números de seguro social emitidos en Puerto Rico, o la compra de números que pertenecen a personas encarceladas.

El informe de CIS incluye casos como el de un niño en Utah que no pudo acceder a ayuda con cupones de comidas y el de un anciano veterano en Luisiana, a quien le negaron beneficios sociales.

En ambos casos las autoridades asumieron que estas personas percibían más ingresos de los que en realidad tenían.


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