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Urgen registrar comentarios contra la ampliación del concepto “carga pública”

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EFE

Varios representantes públicos y activistas urgieron hoy a los ciudadanos a registrar comentarios negativos contra la reforma migratoria impulsada por el presidente, Donald Trump, que ampliaría los parámetros para considerar a un inmigrante “carga pública” e impedir por tanto su acceso al país.

“Es el último día para hacer comentarios en contra de estas propuestas”, recordó Gustavo Torres, el director ejecutivo de CASA, una organización que busca expandir las oportunidades de los inmigrantes en Maryland.

En una rueda de prensa, celebrada durante la Conferencia Nacional de Integración e Inmigración, algunos líderes de organizaciones de inmigrantes junto a cargos electos recordaron que la reforma impulsada por la Administración de Trump, actualmente en fase de consideración, ampliaría notablemente las posibilidades de negar los accesos al país.

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“Hasta la fecha se han registrado más de 200.000 comentarios diciendo no a esta reforma, que esto no es lo que queremos ser como país”, afirmó la directora ejecutiva del Centro Nacional de Derecho de Inmigración, Marielena Hincapié.

El término “carga pública” (“public charge” en inglés), que fue empleado por primera vez en la Ley Migratoria de 1882, hace referencia a los requisitos por los que se considera que una persona supone un lastre para las arcas del Estado, lo que puede dificultar sus posibilidades de obtener un visado.

El pasado mes de septiembre el Gobierno presentó una propuesta para ampliar este concepto, que hasta ahora se centraba principalmente en quienes recibían prestaciones monetarias, para que incluya también a quienes recurren a servicios sanitarios gratuitos o a vales para alimentos.

“Uno de cada tres americanos en la actualidad no sería aceptado bajo estos criterios”, dijo Hincapié.

La reforma no afecta al acceso a los servicios públicos, subrayó la directora, pero impedirá la residencia permanente en EE.UU. a casi 26 millones de personas al incluir leyes y servicios locales y estatales en los criterios de “carga pública”.

Una de las personas a las que afectaría esta norma, Rosario, advirtió de que al suprimirse su consideración de inmigrante bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS), tendrá que volver a solicitar el permiso de residencia, que no sería aceptado si se aprueba la reforma.

“Pagamos impuestos aquí, no nos están dando nada gratis”, consideró Rosario al recordar que lleva años viviendo en EE.UU y sus hijos son ciudadanos estadounidenses.

Según el testimonio de otros participantes, estos utilizaron las prestaciones sociales en momentos críticos como en su llegada al país o tras perder un empleo, pero también han contribuido a las arcas públicas con impuestos y trabajo.

Catalina Cruz, representante electa de la Asamblea del Estado de Nueva York, indicó que en su perfil de Twitter hay un borrador de comentario contra la reforma para que quien lo desee pueda copiarlo y pegarlo en el formulario oficial.

“Esto destroza el alma de nuestra nación”, consideró Cruz, al recordar que el 40 % de los habitantes de su distrito tienen estatus migratorios que se verían afectados por las reformas en inmigración impulsadas por el actual gobierno.

Esta noche las organizaciones han convocado protestas frente a la Casa Blanca, justo cuando acaba el plazo oficial de consideración de esta medida.

El siguiente paso llevará a la Administración leer cada uno de los comentarios antes de tomar la decisión de aprobar o desestimar la nueva normativa.

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