El Tribunal Supremo rechaza pronunciarse sobre financiación de red abortista
El Tribunal Supremo optó hoy por inhibirse en dos procesos relacionados con la financiación pública que recibe Planned Parenthood, la mayor red de clínicas de salud sexual y reproductiva del país, al rechazar pronunciarse en dos pleitos abiertos por los estados de Kansas y Luisiana.
Ambos estados presentaron hace meses sendas leyes cuyo objetivo era suprimir los fondos que recibía esta organización por considerar que financiar Planned Parenthood era una manera de destinar dinero público para fines abortistas.
Sin embargo, tribunales de apelación en ambos estados consideraron que dichas leyes afectaban también a otros servicios de atención médica que ofrece la red de clínicas, por lo que bloquearon su entrada en vigor, decisión que fue apelada por ambos Gobiernos estatales ante la Corte Suprema.
La decisión de este tribunal de inhibirse obliga ahora a Kansas y Luisiana a desistir de sus proyectos de ley o a una modificarlos sustancialmente.
La legislación presentada por estos dos estados tenía por objetivo poner fin a la financiación -ya sea a través de subvenciones, contratos, fondos federales administrados por el estado o “cualquier otra forma”- de cualquier clínica que ofrezca servicios para abortar.
Aunque en 1973 el Tribunal Supremo abrió la puerta a la legalización del aborto, en la última década estados conservadores, como Texas, Michigan, Misuri y Virginia, han puesto cortapisas legales para impulsar su denominada agenda “provida”.
El fallo de 1973, en el caso “Roe vs Wade”, técnicamente no indicó que el aborto sea legal, sino que declaró inconstitucional la interferencia del Estado en la decisión de la mujer sobre la continuación de su embarazo.
En los últimos años, numerosos estados han abogado por imponer restricciones al aborto alegando proteger los derechos religiosos de quienes proveen los seguros médicos, lo que ha obstaculizado el acceso el acceso a servicios abortivos en gran parte del territorio.
