Gobierno de Puerto Rico y la Junta Fiscal vuelven a echar un pulso

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para Puerto Rico ha lanzado un nuevo aviso al gobierno, esta vez, en relación al abono de la paga de navidad a los funcionarios de la isla, lo que ha forzado a que tanto el ejecutivo como dicho órgano echar un pulso.

Se trata de un nuevo capítulo en la relación entre ambos y una nueva tensión en relación al bono de navidad cuyo primer capitulo escenificaron el 15 de noviembre pasado cuando le advirtió la JSF que en caso de seguir adelante con el pago del bono de navidad pondría en peligro los fondos para poder abonar su sueldo a finales del actual año fiscal

En lo que aparenta ser un desafío, desde ayer, el gobierno desembolsa 85,3 millones de dólares para pagar a los trabajadores públicos su bono de Navidad.

Hoy la secretaria de Hacienda de la isla, Teresa Fuentes, ha subrayado que no se trata de un desafío.

El desembolso, ha indicado, se debe al esfuerzo en las agencias del Gobierno para los ajustes fiscales y por las eficiencias que reflejan un alza en los recaudos y ni el presupuesto ni el Plan Fiscal se van a ver afectados.

Más bien, lo vio como un impulso para la economía y sociedad en esta época que une a todos los puertorriqueños.

Pero la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para Puerto Rico ha querido tener la última palabra y no lo ve así.

Ha advertido que con el pago del bono de navidad, “cada agencia tendrá que lograr el equivalente en ahorros dentro de la asignación de Nómina y Costos Relacionados para compensar por este tipo de gasto”.

“De no cumplir con este requisito de ahorros en el renglón de gastos de Nómina y Costos Relacionados, esto podría resultar en que agencias agoten sus asignaciones de Nómina y Costos Relacionados antes de que concluya el año fiscal 2019, poniendo en riesgo la habilidad del Gobierno de cubrir la nómina de sus empleados”, indicó en un comunicado la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko.

A su vez, advirtió que continuará “supervisando los gastos y evaluaremos si tomar cualquier acción correctiva”.

“Puerto Rico ha acumulado deuda más allá de la habilidad del Gobierno de repagarla y ha sufrido por décadas las consecuencias de mal manejo de las finanzas y la prestación de servicios públicos inefectivos. PROMESA se creó precisamente para responder a esta situación”, recordó.

La Junta, subrayó, “tiene la encomienda de devolverle el balance fiscal a la isla y lograr acceso a los mercados nuevamente. Estos mandatos requieren de muchos cambios de política pública y la implantación de cientos de medidas y reformas estructurales”.

“El éxito para Puerto Rico, el fin del mandato de la Junta y el regreso al crecimiento económico y la esperanza son solo posibles con la cooperación inquebrantable del Gobierno de Puerto Rico”, concluyó.

En un claro pulso, el gobernador no ha tardado en contestar y advertir y lanzar un aviso a la Junta de Supervisión Fiscal de que el hará lo que crea que es bueno para la isla, “y no lo que la Junta diga”.

A su vez, afirmó en declaraciones públicas en un acto en una escuela en Naranjito, que no se trata de que desde el ejecutivo de la isla se esté desafiando a la JSF “es la JSF la que desafía al gobierno”.

Insistió en una opinión ya manifestada en otras ocasiones: “la Junta piensa que es un regalo (el bono), y no lo es”.

También afirmó que no habrá problemas con el pago de las nóminas a fin de año y que la JSF “sólo saca tarjeta” por “incumplimiento cuando les conviene” a la que vez que se mostró convencido de que ellos mismos “no cumplen con el período de siete días para la evaluación de contratos”.

Y es que estas acusaciones mutuas llegan ya en caliente después de que a comienzos de semana la JSF no dudara en darle otro toque de atención al Gobierno puertorriqueño y recordar que se reserva las acciones a tomar.

El lunes la JSF remitió una carta al gobernador en la que pidió que lo “antes posible” se solucione “colaborativamente” el hecho de que en los últimos meses y en varios áreas del gobierno éste “no siempre ha cumplido con sus obligaciones bajo Promesa”.

Así, por ejemplo, la misiva recuerda que la JSF estableció la política de pedir la aprobación previa ante ciertas ordenes ejecutivas del gobernador para verificar que no son inconsistentes con el Plan Fiscal.

En este sentido recordó que en el ultimo mes ha firmado tres órdenes ejecutivas, relacionadas con compensaciones o beneficios, por lo que están sujetas a esa premisa, que nunca fueron remitidas a la JSF.

Recuerda que la JSF tiene la potestad de tomar “las acciones que considere oportuno” para asegurarse que las medidas no afecten a que sean concordes con el Plan Fiscal”.

Además subraya que tiene siete días el gobierno, después de su proclamación, para entregarselas a la JSF, que deberá analizar su impacto.

También la JSF recuerda que hay que remitirle las leyes por la misma razón de analizar que son concordes con el Plan Fiscal y señala que la última que recibió la junta fue el 29 de agosto y desde entonces se han pasado 100.

Pero, ayer, Rosselló aseveró que la JSF tiene más de una treintena de solicitudes de cambios al presupuesto sin mirar aún.