Pocos compensados por políticas raciales de Arpaio, según activistas

EFE

El plazo dado por un juez en Arizona para que víctimas del exalguacil Joe Arpaio detenidas por políticas de perfil racial recibieran una compensación monetaria cerró hoy con más de un centenar de beneficiados, pocos según dijeron activistas.

Carlos García, director de la organización Puente, que realizó tres talleres en apoyo a sancionados "ilegalmente", explicó a Efe que considera muy reducido el número de personas compensadas, en comparación de las miles que fueron detenidas y deportadas durante la gestión del "alguacil más temido del país".

"No creo que sea justo, fue mucho trabajado para que tan pocas personas recibieran este dinero, y fueron miles de inmigrantes los impactados, la mayoría de ellos deportados a sus países de origen", explicó el activista.

De acuerdo con el fallo dado a conocer a mediados de noviembre, el juez federal de distrito, Murray Snow, indicó que el periodo, de un año, para presentar la solicitud concluye este 3 de diciembre.

Hace dos años, Snow ordenó la creación de un fondo de más de 500.000 dólares de los contribuyentes para compensar la desobediencia de Arpaio en el fallo de 2011, por detener con sus patrullas de tránsito a inmigrantes por su color de piel.

Defensores de los inmigrantes argumentaron que se requería más tiempo para localizar a las víctimas. El propio García señaló que los trámites fueron burocráticos y obstaculizaron que muchos inmigrantes no pudieran obtener su compensación.

"Estuvo muy difícil el proceso, la mayoría de las personas fueron deportadas y no tenemos alcance a México; nosotros lo apoyamos con talleres y algunos, pese al desgaste emocional, no recibieron nada", comentó.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) logró por su parte que una querella contra el Condado Maricopa, donde ejercía Arpaio en Arizona, concluyera en un acuerdo final que estipula el pago de miles de dólares para los afectados.

La denuncia fue interpuesta en 2014 por ACLU y el grupo Puente Arizona y se basó en la falta de legalidad al llevar a cabo las detenciones en los centros de trabajo.

A partir del 1 de diciembre del 2017, las personas detenidas entre el 23 de diciembre del 2011 y el 24 de mayo de 2013, podían participar en un programa de compensación ordenado por el tribunal.

María Castro, organizadora comunitaria en Puente, apoyó a los afectados que acudieron a las encuentros donde se informó sobre el "Programa de fondo de compensación por perfil racial de la Oficina del Aguacil del Condado de Maricopa (MCSO) y Arpaio".

Castro dijo que la compensación máxima que podían recibir fue de 10.000 dólares. Además, si las víctimas acumularon gastos extras a raíz de la detención como la pérdida de empleo o facturas médicas, tenían el derecho a pedir una compensación extra.

En 2011, la Justicia ordenó a Arpaio que abandonase su estrategia de detener a gente por motivos raciales, pero el polémico alguacil siguió con sus tácticas, ante lo cual una jueza abrió en 2015 un caso en su contra del que fue hallado culpable en 2017 y por el que podría haber sido condenado a hasta seis meses de cárcel.

Sin embargo, el presidente, Donal Trump, indultó al exalguacil en agosto de ese mismo año, un hecho denominado por activistas "un insulto a la comunidad".

Arpaio anteriormente había intentado reelegirse en las elecciones de medio término de noviembre de 2016, pero perdió ante Paul Penzone tras 23 años en su cargo de alguacil, durante los que atemorizó a la comunidad inmigrante con redadas y operativos migratorios.

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