Vicepresidenta de Cámara Baja de Puerto Rico pide control a gastos de junta fiscal

EFE

La vicepresidenta de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Lourdes Ramos, exigió hoy a la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para la isla, Natalie Jaresko, que controle los gastos del ente, pues dichos fondos son, en su mayoría, sufragados por los puertorriqueños.

"Aquí la junta le exige al Gobierno números claros y precisos, demandando que todo se ajuste al presupuesto asignado. Pero ellos están por la libre aumentando en cada momento sus ingresos, sabiendo que las facturas las paga el pueblo", sostuvo Ramos en un comunicado de prensa.

El reclamo de Ramos obedece a que los representantes legales y firmas asesoras contratadas por la junta aumentaron sus gastos por 3,9 millones de dólares en el tercer periodo de facturación interina, que corresponde al periodo entre febrero y mayo de este año.

Ramos, del gobernante Partido Nuevo Progresista, indicó que una de esa firmas aumentó sus tarifas en tres ocasiones desde febrero de este año.

La legisladora agregó que como parte del proceso legislativo federal para considerar la Ley Promesa -la que creó la JSF-, la Oficina de Presupuesto Congresional proyectó en unos 370 millones de dólares los gastos estimados que tendría la Junta para el Gobierno de Puerto Rico durante un periodo de diez años.

No obstante, de acuerdo con Ramos, esa cifra se ha duplicado.

Ramos, a su vez, le cuestionó a la JSF cómo y "sin vergüenza ni cortapisas" ostenta su presupuesto, mientras exige austeridad a los policías, a los bomberos y a los jubilados del gobierno.

Ante ello, sostuvo que el ente fiscal contrata abogados a 1.000 dólares y 800 dólares la hora, pero juzgan el salario de 9 dólares la hora de los bomberos, privando cuando menos a 45 de ellos de la seguridad de sus empleos.

"Creo que la óptica de la Junta necesita cirugía urgente", aseveró Ramos, quien criticó además a Jaresko por su "exorbitante salario" de 625.000 dólares anuales.

Para la representante, es "bochornoso y cuestionable" que el organismo encargado de supervisar las finanzas públicas de Puerto Rico "estrangule el presupuesto que costea servicios esenciales para el pueblo, mientras ellos viven en la jauja gastando desmedidamente a diestra y siniestra".

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