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Gobierno se opone a que se hagan públicos supuestos cargos contra Assange

El Gobierno expresó hoy su oposición a que se hagan públicos los supuestos cargos criminales que ha presentado el Departamento de Justicia contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange, quien organizó la publicación en 2010 de documentos clasificados de las guerras de Irak y Afganistán. EFE/ARCHIVO

El Gobierno expresó hoy su oposición a que se hagan públicos los supuestos cargos criminales que ha presentado el Departamento de Justicia contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange, quien organizó la publicación en 2010 de documentos clasificados de las guerras de Irak y Afganistán. EFE/ARCHIVO

EFE

El Gobierno expresó hoy su oposición a que se hagan públicos los supuestos cargos criminales que ha presentado el Departamento de Justicia contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange, quien organizó la publicación en 2010 de documentos clasificados de las guerras de Irak y Afganistán.

El nombre de Assange apareció por error en un escrito judicial presentado por un fiscal en agosto y al que tuvo acceso The Washington Post el 15 de noviembre, circunstancia que aprovechó el Comité de Reporteros por la Libertad de Prensa para pedir por la vía judicial que se hagan públicos los cargos.

En respuesta a esa petición, el Ejecutivo argumentó hoy que no tiene por qué aclarar si existe una acusación contra Assange, ya que por norma general las autoridades no anuncian públicamente los delitos que tienen previsto imputar a un acusado ante el riesgo de que se dé a la fuga.

Mañana un juez del distrito este de Virginia, donde se encuentran los supuestos cargos contra Assange, celebrará una audiencia para determinar si deben hacerse públicos.

Ecuador acogió a Assange en su embajada en Londres en 2012 cuando estaba acusado en Suecia de una agresión sexual.

Aunque el caso en Suecia se archivó, Assange ha seguido recluido en la legación por temor a que su salida provoque una petición de extradición y su inmediata detención.

Assange consiguió asilo bajo el Gobierno del entonces ecuatoriano de Rafael Correa (2007-2017); pero la llegada al poder de su sucesor, Lenín Moreno, ha complicado su situación.

Las autoridades ecuatorianas pidieron al activista el pasado 13 de octubre que aceptara un protocolo para regular su vida en la embajada y que incluye normas en materia de higiene (incluida la de su gato), visitas y comunicaciones; algo a lo que Assange se negó por consejo de sus abogados.

Su equipo legal, entre el que se encuentra el español Baltasar Garzón, recurrió sin éxito ante la Justicia esas normativas al considerar que violaban sus derechos.

En el marco de esa polémica, el ministro ecuatoriano de Exteriores, Jose Valencia Amores, y su homólogo, Mike Pompeo, se reunieron hoy a puerta cerrada en el Departamento de Estado.


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