El Gobierno sanciona al líder de una de las milicias más poderosas de Libia
El Gobierno impuso hoy sanciones económicas al miliciano Salah Badi, diputado de la ciudad de Misrata (Libia), afín al gobierno islamista que perdió las elecciones en 2014, y al que se le acusa de ser uno de los responsables de la actual guerra civil.
A partir de ahora, todos los bienes que Badi pudiera tener en EE.UU. quedan congelados y los estadounidenses tienen prohibido hacer transacciones con él, informó en un comunicado la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert.
De forma paralela a esa iniciativa, el Gobierno del presidente Donald Trump, junto con los de Reino Unido y Francia impulsaron la adopción de medidas similares en el comité del Consejo de Seguridad de la ONU encargado de sanciones a Libia.
Como consecuencia de esas sanciones de las Naciones Unidas, ahora los 193 estados miembros de la organización pueden congelar los activos de Badi y, además, pueden impedirle viajar.
El Departamento de Estado afirma que Badi ha desempeñado “un papel fundamental en socavar la paz, la seguridad y la estabilidad” de Libia desde 2014, momento en que el país se resquebrajó después de que el gobierno islamista en Trípoli no reconociera su derrota en las elecciones de 2014.
Las milicias que lidera Badi, según el Gobierno, han usado misiles “Grad” en “áreas pobladas, causando destrucción indiscriminada y víctimas, incluyendo personal de emergencia y ambulancias”.
Libia es un Estado fallido, víctima del caos y la guerra civil, desde que en 2011 la OTAN contribuyera militarmente a la victoria de los diferentes grupos rebeldes sobre la dictadura de Muamar al Gadafi.
En la actualidad tiene dos gobiernos, uno en Trípoli, apoyado por la mayor parte de la comunidad internacional, y otro en Bengasi (este), bajo la tutela del controvertido mariscal Jalifa Hafter, ninguno de los cuales disfruta de legitimidad democrática.
La división ha sido aprovechada por los grupos yihadistas para asentarse en el país y por las mafias dedicadas al contrabando de armas, combustible, personas y alimentos para apropiarse de la economía nacional.
