Luz verde a la nueva reforma contributiva en Puerto Rico
La nueva reforma contributiva de Puerto Rico, aprobada anoche, y que prevé unos ahorros de alrededor de 2.000 millones de dólares se encuentra pendiente ahora de la firma del gobernador de la isla, Ricardo Rosselló.
A unas horas de que acabara la actual sesión legislativa, que volverá a reanudar sus trabajos tras las fiestas navideñas, la Asamblea Legislativa dio anoche su visto bueno a la reforma contributiva, pese a la oposición a parte de sus enmiendas, de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
En la Cámara de Representantes la medida salió adelante con 28 votos finales a favor y 20 en contra, mientras que en el Senado contó con 19 síes y nueve noes.
Ahora la medida se encuentra pendiente de la firma del gobernador de la isla, Ricardo Rosselló, quien prometió la misma en su campaña.
En sus primeras declaraciones tras la aprobación de la misma, en manifestaciones a la cadena de televisión WAPA, el mandatario se declaró hoy “satisfecho” con el hecho de que la medida saliera adelante, pero, consciente de la sombra de la JSF, dijo que si “no hay nada que lo obstaculice yo la voy a firmar”.
“Si hay un obstáculo adicional (...) tenemos que remediarlo rápido”, dijo el gobernador de la isla.
El mandatario se explayó en lo que considera son los beneficios de la medida como son, entre otras, la reducción de la tasa contributiva en un cinco por ciento para todo el mundo y unos ahorros de 2.000 millones de dólares.
En este sentido ejemplificó que una enfermera con dos dependientes “tendrá 2.300 dólares adicionales en su bolsillo al año, mientras que un maestro, con un dependiente, tendrá 2.000. Son beneficios reales”.
“Le estamos dando un beneficio al pueblo al que antes le habían subido las tasas, ahora se la estamos bajando”, dijo hoy Rosselló, quien recordó que la administración anterior “subió cien impuestos y ahora estamos bajando varios que, además, tienen un impacto notable”.
Unos de los aspectos del proyecto que más dudas ha levantado es el de las máquinas tragaperras.
La reforma contributiva aprobada establece ahora en 250 los aparatos que podrá tener cada operador, frente a los 500 que era la cifra anterior en vigor.
Se mantuvo el número máximo de legalización de máquinas fuera de los casino en 25.000 durante los primeros dos años desde su entrada en vigor.
Otro de los baches registrados por el reforma es que la prevista implantación de la reducción del Impuesto de Venta y Uso (IVU) del 11 por ciento al 7 por ciento en las comidas preparadas, sufrirá un retraso y no se implantará hasta octubre de 2019.
Si se incluyó la eliminación del impuesto entre negocios (conocidos como “B2B-Business to Business”) en el caso de contribuyentes con ingresos de 200.000 dólares o menos, que se espera beneficie a cerca de ocho de cada 10 empresarios de pequeños y medianos negocios.
La directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para Puerto Rico, Natalie Jaresko, se reunió el pasado día seis con los líderes legislativos de la isla, entre otros, en relación a la reforma para asegurarse que la medida cumpla con el plan fiscal certificado para el Gobierno local.
Al encuentro acudieron el presidente del Senado y de la Cámara de Representantes, Thomas Rivera y Carlos Méndez, respectivamente; el presidente de la Comisión de Hacienda, Antonio Soto, y la secretaria de Hacienda, Teresa Fuentes.
Jaresko indicó entonces que muchas de sus preocupaciones “vienen de la tardanza en implementación y de los cambios al proyecto de ley, los cuales reducen nuestra confianza en la habilidad del Gobierno de Puerto Rico para lograr los ingresos antes de poder costear los créditos contributivos y las reducciones en tasas”.
A su vez, enfatizó que “para asegurar la neutralidad al fisco, la implantación de cualquier iniciativa tiene que ocurrir de forma secuencial, con la habilidad de asegurar que las iniciativas pueden ser costeadas antes de reducir las tasas contributivas”.
Por último, recordó que la propuesta de la videolotería, presenta un riesgo de canalizar otros ingresos incluidos en el Plan Fiscal, en particular los ingresos de juegos de azar, afectando potencialmente a la Universidad de Puerto Rico y la Compañía de Turismo de la isla.
