Detienen a 22 personas en operaciones en restaurantes mexicanos en Nebraska
Agentes federales detuvieron este jueves a 22 personas en operaciones migratorias en dos restaurantes de Lincoln, capital de Nebraska, aunque varios de ellos ya están en libertad tras comprobarse que no están relacionados con investigaciones criminales, dijeron hoy fuentes oficiales.
La Agencia de Investigaciones sobre Seguridad Nacional (HSI) indicó todas las personas arrestadas “quedarán libres al final del día” excepto en aquellos casos que se trate de inmigrantes con antecedentes penales y buscados por las autoridades como sospechosos de “crímenes serios”.
El operativo, realizado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), agencia a la que pertenece HSI, se enfocó especialmente en el restaurante mexicano Mazatlán, que hoy permanece cerrado, aunque los oficiales también se personaron en el local Las Margaritas, del mismo propietario.
El dueño del establecimiento, Abram Morales, padre de 10 hijos y con 20 años como empresario en Lincoln, también es dueño de otros restaurantes, El Toro y La Mexicana, que se incendió el pasado 9 de agosto, con pérdidas estimadas en dos millones de dólares.
El comunicado de HSI no detalla qué tipo de investigaciones realizaron los agentes en el restaurante Mazatlán, aunque indica que no se trató de una “redada” y que los 22 arrestos que allí se produjeron se debieron a “incumplimiento administrativo” de las leyes de inmigración.
La información preliminar revela que se detuvo a una mujer mexicana y 21 hombres, de los cuales 19 son mexicanos, un hondureño y un guatemalteco.
Todos ellos fueron o serán entrevistados para verificar su identidad y para determinar, según en caso, si se presentarán cargos en su contra, indicó HSI.
En declaraciones preparadas, la filial local de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) calificó los arrestos como “innecesarios” y lamentó que el alguacil local, Terry Wagner, usase “recursos locales para facilitar las acciones federales”, debido a que esa decisión no favorece “la meta compartida de seguridad pública para nuestra comunidad”.
