Gobernador del estado mexicano de Veracruz encara denuncias penales y civiles
El gobernador del oriental estado mexicano de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, y el fiscal estatal, Jorge Winckler, enfrentan desde hoy denuncias penales y civiles por supuestos delitos y omisiones en el desempeño de sus funciones.
El gobernador del derechista Partido Acción Nacional (PAN), quien dejará el cargo el 1 de diciembre, y su fiscal enfrentan una andanada de denuncias por presuntos ilícitos que van desde tortura hasta asociación delictuosa, e incluso hay una solicitud de juicio político contra uno de ellos.
Desde que asumió la gubernatura en diciembre de 2016, Yunes emprendió una cacería en contra de exservidores públicos contrarios a su partido, llevando a prisión a 24 exfuncionarios, incluyendo cinco secretarios de despacho, por diversos delitos.
Entre los detenidos ha habido denuncias públicas sobre que les han obligado a declarar en contra de altos mandos y del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, actualmente preso por los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En ese sentido, la defensa del exdirector general de Servicios Periciales y exfiscal Auxiliar del Fiscal Regional Zona Centro Xalapa Gilberto Aguirre Garza, actualmente preso por el presunto delito de desaparición forzada, procedió hoy judicialmente contra cuatro servidores públicos.
El presidente del Colegio Nacional de Abogados Penalistas, Jorge Reyes Peralta, emprendió acción contra el gobernador, el fiscal y también contra el fiscal anticorrupción del estado, Marcos Even Torres Zamudio, y el fiscal especializado para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas, Luis Eduardo Coronel Gamboa.
En la denuncia se señala que los cuatro funcionarios participaron en la tortura con sonido contra Aguirre para obligarlo a declarar en contra de otros exfuncionarios por venganzas políticas.
Aguirre, con una trayectoria de más de 30 años de servicio y autor de diversos libros sobre derecho, fue detenido acusado de desaparición forzada por supuestamente haber alterado en enero de 2016 el hallazgo de 13 cadáveres en el municipio de Emiliano Zapata.
En la denuncia se asegura que al ser ingresado al reclusorio regional de Pacho Viejo, al exservidor público le colocaron radios con bocina a todo volumen durante al menos siete días, lo que “se convirtió en una tortura”.
Ante ello, Aguirre y su defensa decidieron presentar una denuncia por los presuntos delitos de tortura, asociación delictuosa, abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, falsas denuncias, simulación de pruebas y delitos contra la administración de justicia.
De acuerdo con la ley, debido a que los denunciados son el propio fiscal general y diversos funcionarios de la misma dependencia, se deberá nombrar a un fiscal especial para investigar la querella.
Además, presentaron queja ante la Comisión local de Derechos Humanos y en los próximos días acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Por separado, el presidente de la Organización Nacional de Empresarios Anticorrupción”, Iván Gidi, presentó al Congreso estatal una solicitud de juicio político en contra del fiscal Winckler por su falta de autonomía y omisiones e irregularidades en más de 60 casos.
Gidi presentó la documentación para sustentar que el funcionario carece de la autonomía establecida en la Constitución y en diversos ordenamientos legales debido a que era el abogado personal del gobernador saliente.
Además, la asociación civil documentó más de 60 casos de investigaciones ministeriales y recomendaciones de derechos humanos estatales, nacionales e internacionales según las cuales el funcionario fue omiso o cometió irregularidades que representan faltas graves en el desempeño de sus funciones.
