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Ética Gubernamental investiga a la secretaria de Justicia de Puerto Rico

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EFE

La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) de Puerto Rico ha recibido un referido de La Fortaleza sobre presuntas violaciones éticas de la secretaria de Justicia de la isla, Wanda Vázquez, y lleva a cabo una investigación por la presunta implicación de la responsable de dicho departamento en relación a un robo en casa de su hija.

Así lo reveló hoy en un comunicado la directora ejecutiva de la OEG, Zulma Rosario, quien señaló que debido a que la investigación sigue abierta estas revelaciones “serán las únicas” que realice en relación al caso.

En declaraciones realizadas a la emisora WKAQ 580, por su parte, la secretaria de Justicia indicó que se considera “víctima de una investigación amañada” cuyo propósito es “hacerme daño”.

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Tras conocerse la investigación de la OEG, el gobernador de la isla, Ricardo Rosselló, reveló antes de intervenir en un acto público, que fue interrogado en relación a la investigación contra la secretaria de Justicia.

“Contesté a unas preguntas de fiscales de la Oficina para el Panel del Fiscal Especial Independiente (FEI)”, dijo el mandatario a su llegada a la cumbre “Camino hacia el empleo para estudiantes de nivel secundario de Puerto Rico” en la Asociación de Industriales.

“Cuando llegan denuncias a Fortaleza, siempre las referimos a las entidades pertinentes; siempre solicito que puedan llevar a cabo la investigación”, dijo además el gobernador.

Tras indicar que siempre hay informaciones que llegan a Fortaleza, explicó que el asesor legal, cuando son imputaciones, “las refiere a entidades pertinentes”.

Explicó “nosotros confiamos en el andamiaje de fiscalización en Puerto Rico” y que tras hablar con Vázquez sobre el asunto ella le “reiteró que no hay base para los señalamientos éticos” en su contra.

“Su perspectiva es que no hay razón para ese señalamiento... lo importante es que se va a estar evaluando y yo quiero que se lleve a cabo el proceso para que se pueda dilucidar el asunto”, dijo Rosselló.

En su declaraciones radiofónicas la secretaria de Justicia apuntó que no había intervenido “indebidamente”.

Vázquez está siendo investigada por presuntamente violar la Ley de Ética Gubernamental al supuestamente intervenir en el caso de uno de los acusados (Tyron Torres) de hacerse ilegalmente con propiedad del Departamento de Justicia y de Seguridad Pública que fue hurtada en la residencia donde vivía su hija.

Entre las primeras reacciones, el presidente electo del opositor Partido Popular Democrático (PPD), el senador Anibal José Torres, pidió acción urgente al Gobernador sobre el “descalabro” en el Sistema de Justicia

“El país hoy se siente más desprovisto que nunca de un sistema de justicia para todos. No recuerdo que en nuestra historia hubiese habido una situación de tanta incertidumbre en la administración del sistema de justicia y de seguridad pública, de lo que llevamos viviendo hace 22 meses”, dijo.

En el pasado, el país ha reaccionado “indignado” cuando el sistema de justicia “da muestra de favorecer a unos por encima de otros; cuando la libertad de las personas depende de la relación que el ciudadano tenga con gente en el poder; cuando la seguridad de los ciudadanos se convierte en un artículo de lujo”, dijo en un comunicado.

“Y no les ha bastado la incapacidad demostrada para proteger y garantizar el mínimo de seguridad que la ciudadanía merece frente a los embates de la naturaleza o de la criminalidad. No ha sido suficiente mantener los cuarteles sin personal; policías sin equipo; ciencias forenses incapaz de ayudar en la persecución del delito y de garantizar la verdad de lo ocurrido; mantienen unos bomberos sin equipo y pendientes de ser desplazados para acomodar a otros”, subrayó.

Por último, señaló que la isla “enfrenta hoy un estado de anarquía en su sistema de justicia”.

“Es hora ya que acabe esta situación de incertidumbre y de miedo en que se ahoga el país. Hoy, lamentablemente, queda confirmado el más absoluto fracaso de los cuadros directivos del sistema de justicia de Puerto Rico. Le corresponde al Gobernador, si es capaz, de tomar acción para resolver esta crisis producto de sus nombramientos y el mal manejo de la función pública”, concluyó.

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