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Compañía de Turismo de Puerto Rico obtuvo casi 6 millones dólares de impuesto por habitación

Fotografía del 18 de marzo de 2018, donde aparece una turista tomándose unas fotos cerca del Puerto de San Juan. EFE/Archivo
EFE

Entre julio de 2017 y junio 2018 la Compañía de Turismo de Puerto Rico obtuvo 5,9 millones de dólares en concepto de impuesto por habitaciones procedentes del modelo de alojamiento a corto plazo.

Entre otros, la plataforma de alquileres turísticos Airbnb por concepto de impuesto por habitaciones, 2,8 millones de dólares, seguido de por Home Away (472.000 dólares) y Join a Join (23.000), informó la Cámara en un comunicado.

Así se puso de relieve hoy en las vistas públicas de la Comisión de Asuntos Municipales que preside el representante Reinaldo Vargas, del Proyecto de la Cámara de Representantes 1644, de Eddie Charbonier, cuyo fin es prohibir que los municipios puedan limitar, prohibir o reglamentar las empresas de alojamientos a corto plazo.

Entidades del ejecutivo coincidieron en las mismas en que las plataformas digitales de alojamientos a corto plazo aportan al desarrollo económico y turístico de la isla mediante el pago del canon de alojamiento del 7 por ciento que dan a la Compañía de Turismo de Puerto Rico.

Según indicó el subdirector ejecutivo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Joseph Feldstein del Valle, “desde marzo de 2004, la Compañía es la entidad responsable del cobro del impuesto. En la actualidad, la plataforma de Airbnb ha reportado que cuenta con un inventario de 8.300 propiedades activas en Puerto Rico”.

Amplió, que del mismo modo, otras plataformas de reservas que operan en la isla como Home Away y Join a Join, pagaron 472.000 y 23.000 dólares, respectivamente.

“En total, la compañía recaudó aproximadamente $5.9 millones en concepto del ‘room tax’ provenientes del modelo de alojamiento a corto plazo. Fondos vitales para que la Compañía pueda continuar su encomienda de promocionar y desarrollar la industria turística”, planteó Feldstein del Valle.

Ante estas expresiones, el representante Vargas Rodríguez señaló estar inclinado a que los municipios reciban alguno beneficio de este proyecto.

“La realidad es que si es un negocio que está generando buenos ingresos y va en crecimiento, los municipios, que dan servicios de recogido de basura, limpieza y seguridad con policías municipales donde están estos negocios es importante que reciban algún beneficio de ellos. En estos momentos nada está escrito en piedra y estamos escuchando las diferentes opiniones”, expresó.

El representante Roberto Rivera Ruiz de Porras, sostuvo que no se opone a que los municipios no puedan crear una prohibición para el establecimiento de estas empresas en sus jurisdicciones.

No obstante, opinó que deben reglamentarse.

Entretanto, el representante y autor del proyecto de ley, Eddie Charbonier Chinea indicó que los municipios no deben limitar el derecho de arrendamiento que tiene todo dueño de propiedad en estos casos.

“Limitar la posibilidad de que un ciudadano pueda disponer libremente de su propiedad, es contrario a toda la historia constitucional que sigue vigente en Puerto Rico y otras jurisdicciones”, manifestó.

Gabriel Maldonado en representación del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), coincidió que la economía colaborativa es un modelo económico que transforma la manera en que los consumidores adquieren y administran bienes y servicios.


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