Temor al Gobierno aleja a inmigrantes de beneficios públicos, lamenta experta

EFE

Un creciente número de familias de inmigrantes ha renunciado a beneficios y servicios a los que tienen derecho debido a información errónea y al temor generado por la propuesta del Gobierno de cambiar las normas federales de "carga pública", advirtió una dirigente comunitaria de Colorado.

Kate Kasper, directora de políticas públicas de Hunger Free Colorado (Colorado Sin Hambre), indicó que su organización ha detectado casos de familias que retiran a sus hijos de los almuerzos escolares o que cancelan los beneficios para mujeres, infantes y niños (WIC, en inglés) a pesar de calificar para esos programas.

Y eso que esos programas no figuran ni en las actuales normas ni en la propuesta de cambios para ampliar el concepto de "carga pública", un término en el que se recogen los requisitos por los que se considera que un inmigrante será un supuesto peso para el Estado y que puede derivar en que el Gobierno desestime una potencial petición para acceder a la residencia permanente o la ciudadanía.

La propuesta del Gobierno amplía el concepto de "carga pública" a las personas que se han beneficiado de servicios pagados por el Estado, que no son ayudas en efectivo, en materia de alimentación o sanidad, entre otros.

La proposición se enmarca en un contexto en el que Donald Trump ha enaltecido un discurso antiinmigración desde su campaña electoral en 2016 hasta ahora, como presidente, con especial énfasis en la inmigración irregular.

Sin esos beneficios aumenta el riesgo de hambre, inseguridad alimenticia y enfermedades en esas familias, lamentó la dirigente.

Por eso, dijo, "queremos compartir información fidedigna con las personas para que ellas decidan qué hacer sobre la base de esa información, y no por miedo".

Para ello, Colorado Sin Hambre colabora con organizaciones locales y nacionales para explicar a los inmigrantes beneficiados con ayuda federal las normas actuales y las posibles modificaciones y expansiones en "lugares de confianza" para la comunidad, como bancos de comidas, centros comunitarios e iglesias.

Y a la vez se capacita a esos inmigrantes para que ellos mismos compartan la información recibida con otras personas en sus comunidades.

Colorado Sin Hambre estima que, de implementarse los cambios propuestos por el gobierno federal a la ley de carga pública, Colorado perdería 31 millones de dólares en ayuda federal y 50 millones de dólares en actividades económicas locales, dejando sin beneficios a unas 300.000 personas.

A nivel nacional, la Fundación Familia Kaiser (KFF) indicó que hasta el 94 % de las personas que entraron legalmente a Estados Unidos, pero sin presencia permanente inmediata, podrían verse negativamente afectadas por las nuevas reglas, afectando entre 2,1 millones y 4,9 millones de personas.

"Por eso estamos haciendo todo lo posible para que no se implementen esos cambios", comentó la dirigente, que criticó que eso pueda penalizar a quienes pidan un estatus legal permanente.

La dirigente lamentó "el continuo ataque a las familias inmigrantes" y opinó que "la actual situación federal nos está haciendo retroceder más allá del paquete de leyes antiinmigrantes locales aprobadas en Colorado en 1996."

"Desde aquella vez, Colorado progresó. El país progresó. Pero ahora estamos perdiendo todo ese progreso", dijo.

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