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Senador propone investigar traslado de escuela a alumnos educación especial

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EFE

El senador independentista Juan Dalmau informó hoy que sometió la Resolución del Senado 903 para investigar y documentar, entre otros aspectos, si los estudiantes de Educación Especial que fueron trasladados tras el cierre de las escuelas han sido ubicados en centros educativos preparados.

Acompañado en una rueda de prensa de integrantes del Movimiento por la Niñez y la Educación Pública, Dalmau explicó que propuso dicha medida para conocer si estos alumnos están recibiendo terapias y en qué condiciones, si se están honrando los contratos de servicios y si la eliminación de niños del programa responde a procesos ordenados y a criterios clínicos.

“La propuesta de crear todo un nuevo aparato burocrático para educación especial, lo que implicaría costos multimillonarios, se da en un momento en que el programa sufrió un recorte de 78 millones de dólares, a pesar de que la estipulación del pleito de clase prohíbe las reducciones presupuestarias sin autorización judicial”, dijo.

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Por su parte, la exsenadora independentista María de Lourdes Santiago reiteró que el problema de Educación Especial no es uno legislativo, pues aseguró que “los niños y niñas con diversidad funcional están protegidos por casi una decena de leyes”.

“El que aún hoy tengamos niños sin clase, el que las terapias no se puedan dar, el que falten asistentes y transporte no es causado porque hay deficiencias en el ordenamiento”, dijo.

”?Cómo es que a nadie en el Departamento le importó que con los cierres de escuela miles de niños se quedaran sin ubicación adecuada, sin lugar para recibir terapias, sin maestros?”, cuestionó.

Dalmau, por otra parte, reclamó que se documente la situación de niños con diversidad funcional antes de que se aprueben más leyes.

Ante ello, el legislador indicó que el Senado debe actuar “con cautela” ante el Proyecto de la Cámara 1484, que según anticipó, pudiera causar daños irreversibles a la ya precaria situación de los niños y niñas con diversidad funcional.

Dicha medida ordena atender mediante proveedores privados a estudiantes de educación especial de entre las edades de 3 y 21 años que no pueden recibir todos los servicios requeridos por falta de recursos en el Departamento de Educación.

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