CIDH vigilará “de cerca” la situación de detenidos en Honduras tras comicios
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se comprometió hoy a vigilar “de cerca” la situación de las personas que fueron detenidas en Honduras en el marco de las protestas por supuesto fraude en las elecciones del 26 de noviembre de 2017.
El relator de la CIDH para Honduras y también sobre las personas privadas de libertad, Joel Hernández, expresó hoy ese compromiso durante el 169 periodo de sesiones de la Comisión, en Boulder (Colorado).
“Tenemos -explicó Hernández- un grupo de personas que fueron detenidas en el marco de las protestas, que están pasando un proceso penal y debería estar en el interés de todos que esos procesos penales se den con el debido proceso y que la detención se haga de acuerdo con los estándares americanos”.
“Si existe cualquier titubeo, cualquier alejamiento sobre la aplicación del debido proceso, entonces se crea en la opinión pública la percepción de que son presos políticos”, añadió.
Las organizaciones de la sociedad civil, precisamente, denunciaron la persecución penal y encarcelamiento de aquellos que consideran que el ganador de las elecciones fue el opositor Salvador Nasralla y que el actual presidente, Juan Orlando Hernández, hizo fraude para conseguir la reelección.
Hernández ganó el reconocimiento del Gobierno de Donald Trump como presidente electo, pero la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) determinó que no se podía reconocer a ningún vencedor por las irregularidades del proceso.
Después de los comicios, Honduras vivió fuertes manifestaciones que provocaron la detención de 1.396 personas en poco más de un mes, indicó hoy la abogada Brenda Mejía, que representó en la sesión a Amnistía Internacional (AI) y al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), entre otros grupos.
La mayoría de los detenidos fueron liberados, aunque 117 se enfrentan a procesos penales y 13 continúan privados de libertad, de los que 11 están en prisiones de máxima seguridad, detalló.
De acuerdo a Mejía, los arrestados han sido acusados de delitos comunes, como robo, tenencia de explosivos o posesión ilegal de armas, pero en realidad “la persecución estatal obedece a una estrategia de castigo del disenso político”, en lo que la oposición considera “presos políticos”.
Por otro lado, Carlos Paz, de Cáritas San Pedro Sula, denunció que las prisiones hondureñas “no cumplen con los mínimos estándares internacionales” y aseguró que los “presos políticos” han sido encerrados en celdas de cuatro metros cuadrados donde conviven entre cinco y siete reclusos.
“Están con personas con tuberculosis, que no han sido previamente desinfectadas. Las celdas no cuentan con suficientes camas, no tienen ventilación adecuada y sin ninguna luz natural”, describió.
En respuesta, los representantes estatales mencionaron el proceso de diálogo entre el Ejecutivo, la oposición y la ONU, una iniciativa dividida en cuatro mesas destinadas a abordar la situación de derechos humanos, reformas constitucionales, el proceso electoral de 2017 y la violencia que siguió a los comicios.
“Ya hay un espacio de encuentro para consolidar la unidad de la familia hondureña y promover el bienestar social”, consideró la procuradora general, Lidia Estela Cardona.
Asimismo, la viceministra hondureña de Derechos Humanos, Alba Marcela Castañeda, aseguró que el Estado ha tomado medias para sancionar a los militares y policías que hicieron un “uso excesivo de la fuerza” en las protestas y ya han iniciado procesos penales contra 18 agentes.
Según la CIDH, las manifestaciones se saldaron con, al menos 22 víctimas mortales, cientos de heridos (incluidos policías) y más de mil detenidos, muchos de la cuales denunciaron malos tratos.
La Comisión, organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), visitó Honduras entre el 30 de julio y el 3 de agosto y emitió 25 recomendaciones para el Gobierno hondureño, entre las que figuraba la exigencia de asegurar el debido proceso a los detenidos en la ola de protestas.
