Los mexicanos afectados por sismo que demostraron que la unión hace la fuerza
Las fachadas están derruidas o quebradas, los escombros se acumulan entre los edificios; en el multifamiliar de Tlalpan todavía se palpa la tragedia, pero el lugar es, a la vez, un emblema de la lucha ciudadana tras el terremoto del 19 de septiembre de 2017 que dejó 369 muertos.
El sismo, de magnitud 7,1, dejó en pie nueve de los diez edificios que componen este conjunto habitacional ubicado en el sur de Ciudad de México y uno de ellos colapsado, lo que acabó con la vida de nueve personas.
Desde entonces, sus 2.000 vecinos han encontrado en la unión su mayor fuerza y han conseguido algo insólito en la capital: la reconstrucción y refuerzo de sus viviendas exclusivamente con fondos públicos.
El edificio 1-C, donde estaba el departamento de la familia de Francia Gutiérrez, fue el único que se derrumbó.
El terreno sobre el que se alzaba este bloque ahora está rodeado por un cerco de madera que lo aísla de los otros inmuebles. Un gran hoyo rectangular, inundado por agua de lluvia, descubre los viejos cimientos.
No hay una explicación clara de por qué este bloque fue el único del multifamiliar en caer. Una teoría, relata Francia a Efe, es que pudo influir su posición, completamente perpendicular a la Calzada de Tlalpan, una importante arteria en el tránsito capitalino.
La otra teoría, más sólida, hace referencia a la forma de la construcción: “Era el (edificio) más alto y más esbelto”, dice esta activista ambiental.
De acuerdo con datos de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, cuando un edificio rebasa la relación de 2,5 entre el largo y el ancho se considera irregular, lo que implica que “es más vulnerable ante un movimiento telúrico”.
En este sentido, la base del 1-C tenía un ancho de seis metros y un largo de 54 metros; es decir, “el largo de su base era nueve veces mayor que su ancho”, apunta la organización. El ancho de los otros bloques alcanza los ocho metros.
Francia usa como llavero una moneda que conmemora el centenario del inicio de la Revolución mexicana (1910), con la imagen de una guerrillera. Fue “una de las pocas cosas” que se pudo rescatar entre los escombros.
Los primeros rescates en el 1-C los llevaron a cabo los propios vecinos. En total, se logró sacar a 18 personas con vida.
El 29 de septiembre se decretó que no había más expectativa de vida. Entre los fallecidos por el derrumbe estaban dos niños y un trabajador que ese día hacía obras en el edificio.
Actualmente, algunos vecinos siguen viviendo en los tres campamentos que se armaron para refugiar a los damnificados de los 500 departamentos, aunque la mayoría han optado por mudarse con familiares.
Gabriel Macías, quien vivía en el bloque 2-A, habla mientras un obrero desprende y lanza al vacío el marco de una ventana de uno de los edificios. A su lado, otros trabajadores pasan sujetando una verja de hierro.
En los otros nueve bloques “el daño estructural no es mayor, no es severo; entonces se les va a hacer un reforzamiento para que queden habitables y seguros”, explica a Efe.
Gabriel lleva viviendo en el lugar más de 50 años, por lo que ha visto prácticamente toda la historia del multifamiliar.
Esta unidad se creó en 1957 como una solución para albergar a un gran número de trabajadores del Estado, en una superficie total de 844 metros cuadrados.
Unos años después del gran terremoto de 1985 se dio a los inquilinos la posibilidad de comprar los departamentos que hasta entonces rentaban.
El terremoto del pasado 19 de septiembre dejó a los vecinos en situación de vulnerabilidad: sus departamentos ya estaban pagados, pero ahora tenían que echar mano de “créditos blandos” si querían recuperarlos.
“No queríamos volvernos deudores después de ser víctimas de un siniestro como este”, indica Gabriel.
También les ofrecieron la opción de la “redensificación”, que consiste en agregar niveles extra al edificio, con nuevos departamentos. La idea era que, a través de la venta de dichas viviendas, se pudiera cubrir el costo de la reconstrucción.
Lo vecinos se plantaron y dijeron “No”. A través de un mecanismo que funciona a base de asambleas y en el que cada vecino aporta según su área de conocimiento (derecho, comunicación, etc.), han ido organizando reuniones semanales y movilizaciones para visibilizar sus consignas.
“Tenemos derecho a que el Estado responda ante una emergencia y a esta cobertura para la reconstrucción; que no sea una oportunidad para que las inmobiliarias logren negocios a partir de la desgracia”, razona Francia.
Después de meses de incertidumbre, los afectados pisaron el acelerador el pasado junio y bloquearon la Calzada de Tlalpan. Poco después llegó la noticia que tanto esperaban: el Gobierno de la ciudad se comprometía a iniciar la reconstrucción con fondos públicos en un plazo de 30 días.
Su caso es raro en la capital, donde cientos de personas siguen sin poder recuperar sus viviendas, aunque ha habido fundaciones y fideicomisos impulsados por el sector privado que han ayudado en la reconstrucción.
Son una excepción, pero hay una cosa que Gabriel tiene clara: “Nos han tratado así porque lo hemos exigido, no porque tengamos un trato preferencial”.
