La CIDH denuncia despidos de personal médico y universitario en Nicaragua
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció hoy el despido en las últimas semanas de personal médico y universitario en Nicaragua, así como la expulsión de estudiantes de sus centros educativos, en el marco de la crisis sociopolítica que atraviesa desde abril el país centroamericano.
Según la CIDH, los despidos en el sector sanitario alcanzan la cifra de 300 “y ya estarían teniendo consecuencias negativas en la protección de los derechos a la salud, integridad personal y vida de la población por falta de especialistas para su atención y tratamiento”.
“De acuerdo a denuncias recibidas, estos despidos se habrían realizado como represalia por haber atendido a personas heridas que protestaban en contra del Gobierno o por haber manifestado una posición crítica hacia este en el marco de la crisis que viene atravesando dicho país”, apuntó en un comunicado la CIDH.
Asimismo, la Comisión recogió denuncias de “despidos arbitrarios” de profesores y trabajadores administrativos de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), así como la expulsión de más de 80 estudiantes de dicha institución ubicada en Managua.
En ese contexto, la CIDH denunció que el Gobierno de Daniel Ortega no respondió a su solicitud de información del pasado 15 de agosto sobre una lista detallada de personas despedidas con los motivos individualizados de las sanciones.
Según la relatora especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) de la CIDH, Soledad García Muñoz, “ninguna acción del Estado debe estar encaminada a disuadir o castigar al personal de salud por cumplir su deber”.
La CIDH también recordó “que la enseñanza superior, la libertad académica de docentes y estudiantes, como la autonomía de las instituciones de educación superior, son pilares fundamentales para fortalecer las estructuras democráticas, así como para evitar presiones o intervención de naturaleza política en dichos espacios”.
Nicaragua vive desde el 18 de abril una crisis sociopolítica que ha dejado cerca de 400 muertos según organismos de derechos humanos, cifra que el Gobierno de Daniel Ortega reduce a 198.
