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México, segundo país en ratificar el Convenio que protege los bienes culturales

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EFE

México se convirtió hoy en el segundo país, después de Chipre, que ratifica el Convenio sobre delitos relativos a bienes culturales del Consejo de Europa, primer tratado internacional que penaliza su tráfico ilegal.

“Los mercados occidentales han visto un incremento importante del número de antigüedades saqueadas y robadas, particularmente de lugares históricos de Irak y Siria”, alertó el texto del convenio firmado por el país americano.

El año pasado, México ya fue uno de los seis primeros países en firmar el citado convenio, en su calidad de estado observador de la organización paneuropea de 47 estados miembros, estatuto que tienen Estados Unidos, Japón, Canadá y el Vaticano.

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El tratado, que se abrió a firma el año pasado, entrará en vigor cuando lo ratifiquen cinco estados, al menos tres de ellos miembros del Consejo de Europa.

De momento, lo han firmado ocho países, que tienen pendiente la ratificación: Italia, Grecia, Portugal, Eslovenia, Ucrania, Letonia, Armenia y San Marino.

El representante de México ante el Consejo de Europa, el embajador Santiago Oñate, depositó el instrumento de ratificación, ante la secretaria general adjunta de la organización, Gabriella Battaini-Dragoni.

La mandataria de la organización “agradeció a México, un amigo cercano del Consejo de Europa y un país con un patrimonio arqueológico y cultural particularmente rico, su contribución activa en la redacción del tratado”.

En declaraciones a Efe, Battaini-Dragoni confió en que “otros países en América Latina, y en otras regiones del mundo, sigan el ejemplo de México y se unan al tratado”.

Oñate recordó que “el goce del patrimonio cultural es un derecho humano” y añadió que la riqueza cultural “forma parte de nuestra identidad, por lo que es una parte central del ejercicio de nuestros derechos soberanos”.

El embajador mexicano afirmó que “hasta la destrucción de Palmira, el mundo no se dio cuenta de la gravedad del asunto”. Un año después, en 2016, el Consejo de Europa encargó la elaboración del convenio.

Este incluye los delitos de expolio en excavaciones, la adquisición, comercialización, importación y exportación ilegales, la destrucción o el deterioro intencionado de bienes culturales y la falsificación de documentos.

El convenio, que tendrá un mecanismo de seguimiento, propone la creación de inventarios y la obligación de establecer registros de las transacciones de los marchantes de arte, antigüedades y salas de subastas.

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