El PNP pide explicaciones al líder de la oposición de Puerto Rico por contratos
El vicepresidente del gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP) de Puerto Rico, Abel Nazario, pidió hoy al líder del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer, explicaciones sobre su posible intervención en contratos millonarios otorgados por la Corporación del Fondo del Seguro del Estado.
Nazario, en conferencia de prensa, exigió que el presidente del principal partido de la oposición se pronuncie sobre el hipotético papel que jugaron él y su hermano en la concesión de contratos, sin concurso público, por parte de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado por valor de 139,6 millones de dólares.
“Estamos preguntando y él -Ferrer- tiene que contestar”, subrayó Nazario, tras asegurar además que hará todo lo que sea necesario para llegar hasta el final en un asunto en el que como dijo pudiera haber un supuesto conflicto de intereses.
Nazario indicó que fueron concedidos contratos a largo plazo por parte de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, lo que requería de un proceso de concurso público o petición de ofertas.
El también senador aseguró, sin embargo, que no se puede afirmar que hubiera una intervención directa de Ferrer en la concesión de los contratos.
En cuanto al papel del hermano del presidente del PPD, Eduardo Ferrer, indicó que está vinculado a la empresa adjudicataria, Medsci Diagnostics, como asesor jurídico.
Nazario sostuvo que el presidente del PPD debe aclarar si su hermano recibió por parte de Medsci Diagnostics alguna remuneración como asesor legal o bien en concepto de comisión por, supuestamente, haber tenido un papel de intermediario en la concesión de los contratos.
Nazario desmenuzó como en los años 2007, 2014 y 2015, bajo administraciones del PPD, se concedieron por parte de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado contratos, sin concurso público y de varios años, a Medsci Diagnostics, sociedad especializada en servicios médicos y relacionada con Eduardo Ferrer, por 139,6 millones de dólares.
Dijo que Eduardo Ferrer había reconocido tener relación con Medsci Diagnostics, pero que nunca aclaró si recibió comisiones.
El legislador detalló que en 2007, la Corporación del Fondo del Seguro del Estado otorgó un contrato a Medsci Diagnostics por 102,9 millones de dólares que fue autorizado por Carlos Ruiz, director de la corporación pública y quien trabajó para Ferrer en la Cámara de Representantes.
Además, explicó que en 2016 Guelmarie Vázquez era subdirectora de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado cuando se otorgó otro contrato por 36,5 millones de dólares a esa empresa.
Vázquez, según recordó, fue nombrada posteriormente por Ferrer subsecretaria del PPD en la Comisión Estatal de Elecciones.
Nazario concluye que en la concesión de los dos contratos intervinieron personas relacionadas con Ferrer que favorecieron a una compañía ligada a su hermano.
Pidió explicaciones del porqué, para contratos de hasta 7 años de duración, no se convocaron concursos públicos, en contra de la Ley 237 de 2004.
El legislador exigió a Ferrer que diga si su hermano cobró comisión, la intervención de sus dos conocidos y la razón de proponer a Vázquez, tras la concesión del contrato, para el puesto en la Comisión.
Las denuncias de hoy contra Ferrer se suman a las que ya sufrió a finales del pasado mes de agosto a causa de su relación con DCI Group, firma estadounidense que trabajó en Washington en favor de los acreedores de la isla.
Las acusaciones provocaron que la entidad de dirección del PPD, su Junta de Gobierno, celebrara una reunión en la que se respaldó a Ferrer y aceptó las explicaciones del actual presidente.
Tras la decisión de la Junta de Gobierno, la mediática alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, dimitió de sus cargos de dirección en el PPD.
Ferrer y el antiguo legislador por el PPD Roberto Prats, ambos abogados de profesión, fueron contratados por DCI Group a cambio de servicios legales.
Esa sociedad es una empresa de cabildeo y relaciones públicas que organizó una campaña en contra del Gobierno liderado en 2016 por Alejandro García Padilla y en favor de entidades que trabajaban para que los acreedores de Puerto Rico cobren la totalidad de la deuda de la isla.
La situación del PPD provocó que el exgobernador y antiguo presidente de la formación Aníbal Acevedo Vidal dirigiera una carta pública a los simpatizantes en la que se aseguraba que si se mantiene el actual proceso limitado a los votos que controla la Junta de Gobierno, para no dejar que se limpie la casa, habrá que recurrir al instrumento que da la ley electoral, que obliga a los que ostentan posiciones de dirección a someterse a primarias.
La corrupción en el seno del PPD, un asunto hasta ahora ajeno, también preocupa, con casos como los de los exalcaldes de Barceloneta Sol Luis Fontanes y de Río Grande Eduard Rivera Correa.
