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Representante P.Rico dice Junta retrasó contrato servicios médicos confinados

El presidente de la Comisión de Transporte e Infraestructura de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, José González, arremetió hoy contra la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) por "haber dilatado la extensión del contrato que provee todos los servicios médicos que reciben los miles de confinados en la isla". EFE/Archivo

El presidente de la Comisión de Transporte e Infraestructura de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, José González, arremetió hoy contra la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) por “haber dilatado la extensión del contrato que provee todos los servicios médicos que reciben los miles de confinados en la isla”. EFE/Archivo

EFE

El presidente de la Comisión de Transporte e Infraestructura de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, José González, arremetió hoy contra la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) por “haber dilatado la extensión del contrato que provee todos los servicios médicos que reciben los miles de confinados en la isla”.

En un comunicado, el representante del distrito 14, que incluye los municipios de Arecibo y Hatillo, recalcó que la decisión inicial de la JSF de paralizar la extensión del contrato a finales de julio “colocó en un riesgo totalmente innecesario a la población penal de Puerto Rico”.

“No se puede micro administrar un gobierno desde siete sillas en una lujosa oficina de Hato Rey. La Junta sabe de antemano que ese contrato se tenía que renovar, lo mismo sucedió el año fiscal anterior, 2017-18, se renovó sin problemas, porque los confinados merecen servicios médicos”, dijo.

“Paralizar la adjudicación del mismo este año fiscal (2018-19) fue una acción poco responsable y dicta mucho de una sana administración de los recursos del estado. No entendemos razón alguna para haber colocado en riesgo los servicios que reciben nuestros confinados que no sea por capricho. No había ningún fundamento. El Departamento hizo todo para que fuera un proceso claro y que resultó en ahorros”, agregó el legislador del Partido Nuevo Progresista (PNP).

González manifestó además que “la decisión inicial de la Junta fue de invalidar el contrato. Pero, 12 días después, rectificaron. Pero en esas dos semanas pudo haber pasado una emergencia, una tormenta o huracán nos pudo haber azotado y por las nefastas acciones de la Junta, miles de hombres y mujeres estuvieron a la merced de complicaciones. Eso no se hace”.

El DCR mantiene una población de 9.345 confinados en unas 28 instituciones correccionales a través de todo Puerto Rico.


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