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AI y Comisión de DD.HH. instan a saldar “deuda” sobre desaparecidos en México

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EFE

Amnistía Internacional (AI) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) instaron hoy al próximo Gobierno de Andrés Manuel López Obrador a saldar la “deuda” de México con sus desaparecidos, y recordaron que la mera existencia de una ley no soluciona el problema si no se aplica de forma efectiva.

Con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, AI emitió un comunicado en el que refirió que el país, que acumula más de 37.000 desaparecidos, tiene “la oportunidad de cambiar la historia de impunidad hasta ahora escrita” para obtener la verdad y justicia.

“Vivimos un momento histórico, en el que la implementación efectiva de la Ley General sobre Desaparición mantiene la esperanza de acabar con este flagelo”, señaló la directora de Amnistía en México, Tania Reneaum.

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Es el momento “de dar un papel central a las familias y garantizar que su voz sea escuchada en la implementación de la ley”, aprobada en 2017 tras dos años de debate, para crear políticas públicas que enfrenten el problema.

Y, de esta forma, agregó Reneaum, que se consolide una Comisión Nacional de Búsqueda de Personas que cuente con los recursos humanos y materiales suficientes para cumplir sus objetivos.

Por otra parte, la CNDH señaló que las autoridades encargadas de la aplicación de la norma están “en deuda con la sociedad”, dado que no se han cumplido a cabalidad los términos y fechas de aplicación.

Como ejemplo, el organismo mencionó que la mayoría de gobiernos estatales tienen pendiente conformar las comisiones locales de búsqueda, así como las fiscalías especializadas para investigar las desapariciones forzadas o cometidas por particulares.

“La sola expedición de la ley en la materia no resuelve el problema”, recalcó la Comisión.

La CNDH insistió en que la mayoría de casos de desaparición permanecen impunes, y que cada uno de ellos debe ser investigado “de manera exhaustiva y pertinente”.

Además, señaló que el acceso a la justicia y el derecho a la verdad son compatibles con la reconciliación propuesta por López Obrador, quien asumirá la Presidencia el 1 de diciembre y ha abierto foros para conocer la opinión de víctimas y expertos para así dibujar el plan de pacificación del país.

El organismo abogó por impulsar “un modelo de justicia transicional en que no haya impunidad y el derecho a la verdad y la justicia ocupen un lugar preponderante”.

“Las víctimas han esperado mucho tiempo y demandan respuestas concretas, y en ello deben colaborar la sociedad y los tres niveles de Gobierno”, apuntó.

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