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Gobernador de Puerto Rico inaugura viviendas de alquiler para familias bajos recursos

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EFE

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, inauguró hoy en San Lorenzo, en el sureste de la isla, el proyecto de viviendas de alquiler a bajo costo Valentina II, que se desarrolla a un costo de 20,8 millones de dólares, para proveer residencias a 87 familias y aquellas de bajos ingresos optar por un hogar que cumple con todos los parámetros y reglamentaciones federales.

“El desarrollo de este proyecto garantiza otro espacio de vivienda accesible para las familias con recursos económicos limitados. Todos debemos tener la garantía de un techo seguro y accesible”, sostuvo el primer ejecutivo.

Rosselló también añadió que “esta es una iniciativa más que se une a todas aquellas que están en ejecución para el desarrollo de un nuevo Puerto Rico. Nos continuamos levantando y ofreciendo a los puertorriqueños más oportunidades de vivienda y más razones para permanecer en la isla”.

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La urbanización -ubicada en el barrio Quemado de San Lorenzo- se desarrolla a un costo de 20,8 millones de dólares, para proveer residencias a 87 familias.

Para cualificar, las familias deben contar con un ingreso mínimo de 1.087 dólares mensuales o 13.164 anuales.

De igual forma, deben pasar una revisión al primer año para evidenciar que sus ingresos continúan inalterados.

Tras 15 años, las familias pudieran optar por comprar la vivienda al valor del interés social del mercado.

Las nuevas viviendas cuentan con tres dormitorios, dos baños, sala-comedor y marquesina sencilla, cocina equipada con estufa eléctrica y nevera, así como detectores de humo, extintores de incendios, abanicos de techo y calentador de agua.

La urbanización cuenta con control de acceso, oficina de administración, salón de actividades, zonas de recreación y áreas de juego equipadas.

Administrado por la AFV desde el año 1988, el Programa LIHTC provee incentivos financieros para desarrollar y rehabilitar viviendas de alquiler para familias de ingresos bajos y moderados.

Los dueños e inversionistas en proyectos participantes pueden utilizar los créditos para reducir dólar a dólar su responsabilidad contributiva federal durante diez años.

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