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Oposición de Puerto Rico pide evaluar presunta violación a DD.HH. por huracán María

El presidente del opositor Partido Popular Democrático, Héctor Ferrer, solicitó hoy a la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico que evalúe el manejo del Gobierno local por la catástrofe causada por el huracán María, por presuntamente violar los derechos humanos de los puertorriqueños. EFE/Archivo

El presidente del opositor Partido Popular Democrático, Héctor Ferrer, solicitó hoy a la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico que evalúe el manejo del Gobierno local por la catástrofe causada por el huracán María, por presuntamente violar los derechos humanos de los puertorriqueños. EFE/Archivo

EFE

El presidente del opositor Partido Popular Democrático, Héctor Ferrer, solicitó hoy a la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico que evalúe el manejo del Gobierno local por la catástrofe causada por el huracán María, por presuntamente violar los derechos humanos de los puertorriqueños.

“Le estoy solicitando a la Comisión de Derechos Civiles que inicie una investigación sobre la política pública, prácticas y protocolos gubernamentales, así como el incumplimiento del Gobierno, que dieron base a que no se alertara a tiempo a todas las agencias gubernamentales estatales y federales, a la prensa del país y a la ciudadanía en general de la catástrofe provocada por María, y el trágico aumento en muertes en Puerto Rico”, dijo Ferrer.

“La Comisión debe encaminar una investigación sobre las violaciones de derechos civiles cometidas y emitir un informe de hallazgos con sus conclusiones”, enfatizó el líder popular en un comunicado de prensa.

Según Ferrer, la Comisión de Derechos Civiles está facultada por ley para hacer estudios e investigaciones sobre la vigencia de los derechos fundamentales en Puerto Rico, incluyendo quejas o querellas de ciudadanos sobre violaciones de estos derechos.

El organismo, agregó Ferrer, también puede ordenar la comparecencia y declaración de testigos y la presentación de libros, documentos y otra evidencia mediante subpoena.

En la solicitud, Ferrer hizo un recuento detallado sobre algunos acontecimientos tras el paso del huracán María, y entre algunos de estos, mencionó que para el 3 de octubre, a la llegada del presidente de los EEUU, Donald Trump, a la isla, contabilizó en 16 los muertos, y tras la partida de éste, se elevaron a 34.

Meses más tarde, no obstante, el gobierno de Ricardo Rosselló mantuvo la cifra de 64 muertes asociadas al huracán, pero debido a la presión ejercida por los medios de comunicación, así como las investigaciones realizadas por distintas entidades, reflejaron que la cantidad era mucho mayor.

Por ello, varias investigaciones universitarias, de la Universidad de Harvard y más reciente, la de la Universidad George Washington (GWU) -pedido por el propio Rosselló- reflejaron que entre 2.975 y 4.645 personas, respectivamente, fallecieron a causa del paso del ciclón.

“Entre otros datos, el informe (de GWU) advierte que el 40% de los municipios experimentó tasas de mortalidad significativamente más altas que en los periodos comparables de los últimos dos años”, indicó Ferrer.

Asimismo, el estudio de la GWU reflejó que el liderazgo del Gobierno de Puerto Rico estuvo desconectado de las realidades de las comunidades, que no hubo transparencia en la información, que se retuvo información de forma intencional para evitar que les adjudicaran culpas y que no hubo sistemas adecuados para rastrear el total de muertes.

Igualmente, el informe indica que la falta de celeridad, transparencia y apertura en la información relacionada a las muertes, impidió una respuesta rápida en auxilio de sectores marginados que confrontaban situaciones de vida o muerte en días posteriores al huracán.

“Es importante que la Comisión de Derechos Civiles evalúe como el desconocimiento sobre los protocolos aplicables para casos de emergencias dio pie a la falta de credibilidad, confusión y desconcierto que ha imperado en el país respecto a este tema. No cabe duda de que existieron faltas graves que impidieron la adecuada protección al derecho a la vida”, puntualizó Ferrer.


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